Cuando se acerca un 8 de marzo, las feministas cubren las calles con pintas que claman: México feminicida. Este es un país donde el sistema de justicia no esclarece ni sanciona un alto porcentaje de estos delitos. Ejemplo de ese rezago: en esta capital, en 2019 se denunciaron 72 feminicidios. Se vinculó a proceso sólo a 38 responsables, poco más de la mitad.
En 2020 –en plena pandemia– la ex fiscal capitalina Ernestina Godoy puso en marcha un nuevo modelo para abordar estos crímenes atroces: la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio. Por decisión de varios colectivos de feministas y defensoras de derechos humanos, la abogada Sayuri Herrera Román concursó por la plaza y pasó las evaluaciones, los exámenes, los filtros de confianza y hasta el polígrafo, y ganó. Entonces tenía 38 años.
A partir de la construcción de esta nueva fiscalía especializada, el esquema de impunidad se revirtió. En 2020 se denunciaron 78 homicidios en razón de género; se judicializaron 78. En 2022, con 75 casos, el número de vinculaciones se duplicó. En 2023 se triplicó, y en 2024 hubo en total 628 carpetas vinculadas a proceso, sumando los 385 feminicidios cometidos en el anterior lustro y muchos casos rezagados de años pasados, carpetas olvidadas o perdidas, otras archivadas como suicidios, accidentes o sin ejercicio de la acción penal.
–¿Esto quiere decir que más de 600 feminicidas fueron encontrados culpables y procesados estos cinco años?
–Sí, y encarcelados –responde la abogada Herrera, que en 2023 fue ascendida a la Coordinación General de Investigación de Género y amplió su radio de acción a delitos sexuales y contra las infancias, violencia familiar y vicaria, adolescentes, trata, desaparición forzada y grupos de atención prioritaria en siete fiscalías bajo su mando.
Apenas hace unos días dejó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para asumir la dirección de acceso a la justicia de la Secretaría de la Mujer.
Fuente: La Jornada
