Por Art1llero
En México, el combate al crimen organizado y al narcotráfico se ha convertido en una de las batallas más arduas y prolongadas del siglo XXI. Durante 2024 y los primeros meses de 2025, el país ha sido testigo de una escalada de enfrentamientos violentos entre fuerzas de seguridad –Ejército, Marina y Guardia Nacional– y grupos delictivos en diversas regiones.
Los eventos recientes, como los operativos en Sinaloa, los disturbios en Tabasco tras la captura de “El Tomasín”, la detención de policías infiltrados por el crimen organizado en Chiapas, el operativo Enjambre en Edomex y las incautaciones de drogas y productos químicos en aduanas y puertos, reflejan no solo la magnitud del desafío, sino también la complejidad de esta lucha.
Sin embargo, paralelamente a los hechos, se ha fortalecido una narrativa que asegura que el Estado mexicano “protege a los narcos”. Este discurso, promovido por sectores opositores y amplificado en redes sociales y espacios mediáticos, reduce el fenómeno del narcotráfico a una simple colusión entre autoridades y grupos criminales, que aunque existe y es parte del problema, ignora los factores estructurales, sociales y económicos que perpetúan esta crisis.
Los enfrentamientos que desmienten el mito
Durante el último año, el Estado ha registrado victorias importantes en esta lucha. La captura de figuras clave como “El Max” en Sinaloa y “El Tomasín” en Tabasco, así como la erradicación de células criminales en Chiapas y Edomex, demuestran un compromiso del gobierno federal por enfrentar a los cárteles, a menudo a un costo humano alto, como lo evidencian los militares caídos y las represalias violentas de los grupos delictivos.
Lejos de una protección estatal, estos operativos han desatado reacciones feroces de los cárteles, incluyendo narcobloqueos, quema de vehículos y ataques directos a las fuerzas de seguridad.
El mito de la protección estatal a los narcos es atractivo porque ofrece una explicación sencilla a un problema profundamente complejo. Sin embargo, esta narrativa distorsiona la realidad y busca explotar el descontento social y la desconfianza hacia las instituciones. Ignora factores clave como:
- La economía de mercado y la demanda internacional: El narcotráfico es un negocio global impulsado por la demanda de drogas en mercados extranjeros, especialmente en Estados Unidos. Mientras esta demanda persista, las organizaciones criminales tendrán incentivos económicos para operar.
- La injerencia extranjera y los intereses políticos: México enfrenta constantes presiones de actores internacionales, que, por un lado, exigen resultados en la lucha antidrogas, y por otro, critican cualquier intento de soberanía en el diseño de estrategias de seguridad.
- El abandono social y las brechas de desigualdad: El crimen organizado recluta en comunidades vulnerables, donde la falta de oportunidades, servicios básicos y educación crea un terreno fértil para la delincuencia.
- La manipulación mediática: La narrativa de la protección estatal ha sido utilizada por opositores al gobierno y sectores interesados en desacreditar cualquier acción de la administración actual. Este enfoque político no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también trivializa las vidas perdidas y el esfuerzo de quienes combaten en el terreno.
Hacia una estrategia integral
Criticar las estrategias gubernamentales es válido y necesario. Los resultados en materia de seguridad han sido insuficientes, y el Estado ha fallado en ofrecer una solución integral que aborde tanto las causas como las consecuencias del narcotráfico. Este artículo no pretende ser una defensa de los errores del Estado mexicano en su obligación por combatir al crimen organizado, sin embargo, reducir esta lucha a un supuesto “proteccionismo estatal” es deshonesto y contraproducente.
México necesita una estrategia que combine el uso legítimo de la fuerza con políticas sociales, económicas y de salud pública. Esto incluye fortalecer las instituciones, combatir la corrupción, invertir en comunidades marginadas y diseñar programas de prevención y tratamiento de adicciones.
El combate al crimen organizado no es una tarea sencilla ni de corto plazo. Es una lucha que requiere un esfuerzo colectivo, un análisis serio y una narrativa que respete la complejidad del problema.
El mito de la protección estatal a los narcos, lejos de ayudar, obstruye el debate y desvía la atención de las verdaderas soluciones. Es momento de exigir resultados, sí, pero también de abandonar los discursos simplistas que polarizan y desinforman. La batalla contra el crimen organizado no es solo del gobierno, es de toda la sociedad.
