Un orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en el primer día de su segundo mandato ofrece una nueva definición del gobierno federal de los sexos que podría tener un impacto importante en las personas transgénero de todo el país.
Dicha orden exige que el gobierno federal defina el sexo únicamente como masculino o femenino, y que eso se refleje en documentos oficiales como pasaportes y políticas como las asignaciones de prisiones federales.
En cuanto al gasto federal, no está claro qué significará en la práctica su promesa de poner fin a las clasificaciones de género más amplias.
Probablemente muchas de las disposiciones sean impugnadas ante los tribunales.
Esa orden contiene detalles específicos sobre cómo debería aplicarse en las prisiones federales, que albergan a casi dos mil 300 reclusos transgénero, aproximadamente 1.5 por ciento de la población total.
Asimismo, exige alojar a las mujeres transgénero en cárceles de hombres y detener la atención médica que afirma el género.
En los últimos años, al menos dos reclusos transgénero se han sometido a cirugías de reafirmación de género financiadas por el gobierno como resultado de órdenes judiciales. Un número mayor ha recibido otros tratamientos, como hormonas.
La directora legal de Human Rights Campaing, Sarah Warbelow, dijo que las órdenes judiciales que otorgan a los reclusos acceso al tratamiento siguen vigentes, incluso si cambia la política federal.
