La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) pidió suspender la implementación de la reforma judicial ante las inconsistencias e irregularidades que se han presentado para llevar a cabo la primera elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.Indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha admitido públicamente los graves desafíos logísticos que enfrenta debido al recorte presupuestal del 52% impuesto por el Congreso de la Unión.
La Jufed abrió la puerta a un nuevo para de labores (Imagen ilustrativa, Cuartoscuro)Mencionó que este ajuste ha forzado a reducir el número de casillas al 43% de lo inicialmente planeado y a operar con menos de la mitad del personal electoral necesario para garantizar una votación segura, transparente y confiable.
Mencionó que este ajuste ha forzado a reducir el número de casillas al 43% de lo inicialmente planeado y a operar con menos de la mitad del personal electoral necesario para garantizar una votación segura, transparente y confiable.
“Igualmente grave resulta la no revisión del padrón electoral y la disminución de recursos materiales que garantizarían la inviolabilidad del voto.
“Sin legitimar dicha reforma y su implementación, es claro que estas irregularidades demuestran la inviabilidad de la misma, su inoperancia y desvelan que no hay un apoyo de los ciudadanos, como la narrativa oficial lo hace creer, para el desmantelamiento de la justicia federal, dado el margen de desinterés y abstencionismo que funcionarios y expertos alertan”, señaló.
La Jufed comentó que estas condiciones comprometen directamente la calidad del proceso electoral y abren la puerta a irregularidades como el acarreo, la compra de votos y la disparidad en los porcentajes de votación para los distintos puestos a ser sujetos de elección. Además de que no existen precedentes en el marco electoral para este tipo de procesos y su impugnación.
De igual manera, se refirió a la complejidad del modelo de votación que contempla seis boletas diferentes con hasta 60 candidatos por cargo, lo que confundirá al electorado y promoverá un voto superficial y mal informado.
“Consejeros electorales del propio INE han reconocido públicamente que la participación ciudadana podría caer a niveles históricos, con menos del 10% del padrón votante. Esto evidencia que el proceso carece del respaldo social necesario y que no existe un interés popular detrás de esta reforma, sino un intento de concentrar el poder político”, abundó.
La asociación subrayó que el diseño de la elección pone en riesgo la imparcialidad judicial al permitir que las candidaturas sean propuestas por los tres poderes, con un evidente sesgo hacia quienes tienen afinidad con el partido en el poder.
Agregó que esto no solo amenaza la independencia del Poder Judicial, sino que pone en peligro el derecho de las y los ciudadanos a contar con juzgadores imparciales y capacitados, seleccionados con base en méritos y no en lealtades políticas.
Asimismo, enfatizó que las suspensiones judiciales otorgadas contra esta reforma han sido desestimadas o ignoradas, lo que constituye un incumplimiento flagrante del orden jurídico.
Fuente: Milenio
