Moisés Hernández Yoldi
La reciente aprobación de la reforma judicial promovida por el expresidente López Obrador, y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado una profunda controversia en México. Esta reforma, aprobada por el Congreso, afecta directamente la estructura y funciones del Poder Judicial, lo que ha derivado en una serie de amparos de jueces y magistrados que consideran vulnerada la independencia judicial y afectados sus derechos.
En este contexto, surge la iniciativa “Supremacía Constitucional” presentada por el senador Adán Augusto López, líder de la bancada de Morena en el Senado, que pretende blindar la reforma judicial ya aprobada, buscando evitar que el Poder Judicial pueda invalidar reformas constitucionales avaladas por el Legislativo.
Esta propuesta de “Supremacía Constitucional” ha detonado un intenso debate sobre los límites de los poderes, la autonomía judicial y el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como último garante de la Constitución.
La cuestión de fondo se centra en si el Poder Judicial, a través de la SCJN, tiene la facultad de revisar reformas constitucionales ya aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Supremacía Legislativa: La Iniciativa que Divide Poderes
La iniciativa “Supremacía Constitucional” de Adán Augusto López establece un cambio fundamental en la relación entre el Legislativo y el Judicial al impedir que la SCJN, tribunales y juzgados puedan anular reformas constitucionales aprobadas por el Congreso.
Esta medida, propuesta como una forma de salvaguardar la “voluntad del constituyente”, ha sido interpretada como un intento de restar atribuciones a la SCJN y otros órganos judiciales, limitando su capacidad para intervenir y evaluar la constitucionalidad de las reformas promovidas por el Legislativo.
Esta iniciativa podría desequilibrar la balanza de poderes al consolidar un predominio legislativo sin revisión judicial. Si la SCJN queda imposibilitada de intervenir en la evaluación de reformas constitucionales, el sistema de pesos y contrapesos se vería comprometido, facilitando que la mayoría en el Congreso tome decisiones sin el control judicial necesario para garantizar los derechos de la ciudadanía.
El Rechazo Judicial: Amparos y la Defensa de la Autonomía
La reforma judicial ya aprobada ha motivado una serie de amparos interpuestos por jueces y magistrados, que ven en estos cambios una amenaza a la independencia judicial.
La iniciativa “Supremacía Constitucional” profundiza esta tensión, ya que pretende invalidar cualquier revisión judicial sobre los alcances de la reforma.
Estos amparos representan una respuesta institucional del Poder Judicial para defender su capacidad de interpretación constitucional frente al Legislativo.
Los amparos presentados no son solo una estrategia jurídica, sino una defensa de la autonomía del sistema judicial. En este sentido, la SCJN y otros órganos judiciales enfrentan una presión inédita: por un lado, proteger su rol como guardianes de la Constitución; por otro, resistir una reforma que busca cercenar sus facultades en nombre de la “supremacía” legislativa.
La SCJN y el Derecho de Revisión Constitucional: Un Dilema Democrático
El núcleo del conflicto reside en si la SCJN debería tener la facultad de revisar reformas constitucionales aprobadas por el Congreso. En un sistema democrático, la revisión judicial de actos legislativos permite evitar que la mayoría parlamentaria viole principios constitucionales fundamentales.
La iniciativa de “Supremacía Constitucional” propone precisamente suprimir este control, presentando al Congreso como autoridad máxima en reformas constitucionales.
Restringir las facultades de la SCJN para revisar estas reformas podría desencadenar graves consecuencias. Sin la posibilidad de revisión judicial, el Poder Legislativo podría imponer modificaciones constitucionales sin el contrapeso necesario, debilitando el Estado de derecho y afectando la protección de los derechos ciudadanos.
Esto plantea un dilema central: ¿quién vigila al poder legislativo cuando se excede en sus atribuciones?
Conclusión: La Necesidad de un Debate Transparente y Profundo
La iniciativa “Supremacía Constitucional” y el respaldo a la reforma judicial revelan una crisis de fondo en el sistema de pesos y contrapesos en México. Si el Congreso se consolida como autoridad final en asuntos constitucionales, el equilibrio de poderes podría verse gravemente comprometido.
Para preservar la confianza en las instituciones, es esencial abrir un debate amplio y responsable, donde los derechos de la ciudadanía y el respeto a la Constitución sean la prioridad. La ciudadanía, los sectores académicos y la sociedad civil deben exigir que se respete el control judicial y la independencia de la SCJN.
La preservación de los contrapesos es fundamental para la justicia y la democracia en México; comprometer esta independencia pondría en riesgo la integridad del marco jurídico y la seguridad de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
