El Poder Judicial activó un protocolo de seguridad para los magistrados electorales que resolverán las impugnaciones y declararán la validez de las elecciones de este 2 de junio en todo el país, hasta ahora 22 magistraturas ya tienen un chofer y una camioneta blindada.
De los cinco integrantes de la Sala Superior, sólo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón no solicitó esta seguridad. Las 18 camionetas restantes se han distribuido en las salas regionales.
El protocolo que establecieron para designar esta protección, es que cada magistratura debe hacer la petición personal y la magistrada presidenta Mónica Soto gestiona ante el Poder Judicial la entrega de la unidad blindada.
El compromiso es responder con inmediatez a cada petición, como sucede tras los ajustes al protocolo de seguridad federal para brindar el equipo de inmediato mientras se hace un análisis del nivel de riesgo de cada candidatura.
En este caso, la camioneta permanecerá durante todo el proceso electoral, es decir, hasta que concluya la validación de las elecciones o en su caso, hasta que cada magistratura así lo determine.
La magistrada Mónica Soto mantiene reuniones semanales con las magistraturas regionales para conocer las condiciones de seguridad de cada zona, y atender de manera prioritaria su seguridad. Sobre todo, porque éstas son las primeras en recibir las impugnaciones a las decisiones de los 32 tribunales electorales estatales sobre la contienda electoral, antes de que pasen a una sentencia definitiva a la Sala Superior.
Durante las campañas, porque validan los registros de candidaturas y coaliciones, y posibles ilícitos electorales. Y después de la elección, la validez de todas las elecciones con excepción de la presidencial que es facultad exclusiva de la Sala Superior.
El protocolo se mantiene activo para que cualquier magistratura electoral que pertenezca al Poder Judicial de la Federación y que sienta algún tipo de riesgo, o por mera prevención, pueda solicitar en cualquier momento esta protección inicial. O bien, las que ya cuentan con éste, incluso pedir algún refuerzo.
A principios de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que tras el asesinato del chofer del director de Comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eduardo del Río, las y los magistrados de la Sala Superior tuvieron comunicación directa con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde para que fueran considerados en el protocolo de seguridad para la elección en curso, como se le brinda a las y los candidatos.
MILENIO reveló que el 11 de abril, la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto se reunió con las magistraturas de las Salas Regionales Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México, Toluca y la Especializada para consultar de manera directa, si alguien se ha sentido en riesgo, si ha sido blanco de amenazas o considera que requiere protección.
Este medio confirmó que tras el anuncio del presidente López Obrador, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña consideró que al depender del Poder Judicial, éste podría blindar esa seguridad a las magistraturas electorales.
Por lo que desde mediados de mayo entregaron un primer bloque de 22 camionetas blindadas y un chofer para cada una, para un mismo número de magistraturas.
Fuente: Milenio
