Más de 700 trabajadores del sector público y privado presentaron el primer amparo para evitar que sus ahorros de las Afore vayan a parar al Fondo de Pensiones del Bienestar, recién creado derivado de las reformas a las pensiones impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.
En representación de los quejosos, pertenecientes a diversas dependencias del Gobierno y empresas, el despacho Trusan & Roma interpuso la demanda de garantías en los juzgados federales en materia laboral, ubicados en el edificio del Poder Judicial de la Federación (PJF) de San Lázaro, en la Ciudad de México.
Rodolfo Martínez Ayala, abogado de los trabajadores inconformes, precisó que se trata de un grupo de 727 personas, tanto del sector público como privado, que considera las recientes reformas a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que el gobierno federal disponga de 41 mil millones de pesos de las cuentas de las Afore no reclamadas, como una vulneración al principio de seguridad jurídica.
“Este primer amparo de 727 personas, que pertenecen tanto al sector privado como al público, es decir, servidores públicos que trabajan en varias dependencias del Gobierno Federal, están presentando esta demanda de amparo porque afecta la forma en como ellos decidieron que iban a manejar en el futuro sus recursos en las diferentes administradoras”, indicó el representante legal de los inconformes.
Agregó que los cambios para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, que financiará las jubilaciones con fondos de las cuentas inactivas, es inconstitucional, toda vez que es retroactiva y genera incertidumbre en los trabajadores del país.
Por ello cientos de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Guardia Nacional también recurrirán al amparo.
“Esta reforma es inconstitucional, toda vez que es retroactiva, que además vulnera el principio de seguridad jurídica”, argumentó Martínez Ayala.
Fuente: El Universal
