Entre julio de 2020 y diciembre de 2022, el gobierno mexicanorecibió 13 solicitudes de arbitraje, consultas y una petición de panel por controversias comerciales ante supuestos incumplimientos al Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de acuerdo con el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De ese total 12 fueron solicitudes de arbitraje y una solicitud de panel, de las cuales una se descontinuó, seis se concluyeron entre el 14 de junio y 8 de septiembre del 2023, y cinco continúan activas, “por lo que podrían convertirse en controversias y, con ello, los inversionistas estarán en posibilidad de ganar los daños monetarios y los intereses correspondientes”.
En el reporte de la ASF se explica que si se consideran las controversias del 2020 al 2022 también siguen activas las solicitudes de arbitraje de empresas contra el gobierno de México de: Espíritu Santo Holdings, Libre Holding y Doups Holdings, referentes a la suspensión y revocación de concesiones; está la de First Majestic Silver sobre la “contravención del derecho internacional para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuesto Sobre la Renta”.
Están también las de “Finley Resources, MWS Management y Prize Permanent Holdings por rescisión de contratos de Pemex, Exploración y Producción y Amerra Capital Management y otros por la imposibilidad de recuperación de hipotecas”.
De acuerdo con la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional (DGCJCI) de la Secretaría de Economía se “siguen celebrando consultas para llegar a una solución mutuamente satisfactoria”.
Aunque se dice que solamente las anteriores están activas, el reporte de la Auditoría Superior habla de otras cuatro más que iniciaron en 2022.
En 2022 se notificó a México de ocho solicitudes de arbitraje y una petición de iniciar consultas (diálogo) previo a un panel de controversias. De ese total, cuatro solicitudes se frenaron antes de convertirse en arbitrajes, mientras que las otras cuatro siguieron activas.
De las que siguen vigentes están: “La de Michaelle Karla Fastlicht Kurián, referente a la obtención de ocho concesiones revocadas por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) para instalar, implementar, administrar y operar sistemas de control y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía pública, continuaba en consultas sin convertirse en arbitraje”.
Fuente: El Universal
