Una jueza federal admitió a trámite el amparo que promovió el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, contra la resolución que emitió un juez que en diciembre pasado frustró sus intenciones de recobrar su libertad en el proceso que se le sigue por el caso Odebrecht.
Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió una suspensión provisional al ex funcionario, la cual únicamente es para el efecto de que su libertad personal quedé a disposición de este juzgado, en el lugar en que se encuentra recluido, y a disposición del juez que tiene en sus manos el proceso penal.
La juzgadora fijó para el próximo 30 de enero la celebración de la audiencia incidental donde determinará si concede la suspensión definitiva.
El ex director de Pemex impugna la resolución del 15 de diciembre de 2023, fecha en que se llevó a cabo una audiencia donde solicitó el cambio de la prisión preventiva que le fue impuesta.
En dicha diligencia, José Rivas González, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, rechazó modificar la medida cautelar.
Durante la audiencia Emilio Lozoya dijo al juez que lo han mantenido en la cárcel con “pruebas prohibidas”, además de que algunas declaraciones en su contra se obtuvieron mediante presiones.
Asimismo, argumentó que llevaba más de dos años preso sin recibir sentencia. Sin embargo, después de 12 horas de audiencia, el juez determinó mantener en prisión al ex director de Pemex, tras considerar que el ex funcionario aún no cumple dos años en prisión, ya que se perdió la continuidad del proceso durante el criterio de oportunidad que solicitó.
El juez de enjuiciamiento, Gustavo Aquiles Villaseñor, encargado del caso, se encontraba de vacaciones el día de la audiencia, por lo que Rivas González decretó varios recesos para conocer a fondo el asunto.
Como parte de este caso, en septiembre pasado la Fiscalía General de la República (FGR) calificó de ilegal la resolución de un Tribunal Federal que confirmó que debía desecharse toda la información bancaria aportada por Brasil y Suiza, y que pretendía usar ante un eventual juicio oral contra Emilio Lozoya en este asunto.
Fuente: Milenio
