El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, dijo a embajadores y cónsules de México que es necesario proteger 44 billones de pesos que se encuentran en el presupuesto anual, el patrimonio público y las empresas productivas del Estado.
Al participar en la 35 Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2024, insistió en el carácter preventivo de la dependencia a su cargo, que ahora apunta a proteger los 9 billones de pesos del presupuesto anual, 13 millones de pesos del patrimonio público y 22 billones de pesos de las empresas productivas del Estado.
“El sistema de control interno que impulsamos articula dos elementos: el primero consiste en diseñar y aplicar una metodología para identificar y administrar los riesgos, para que, de forma anticipada, se establezcan las acciones que impidan la materialización de la ineficacia y la comisión de ilícitos; el segundo elemento busca garantizar el funcionamiento eficaz de los comités de control y desempeño institucional”, dijo el funcionario mexicano.
Además, explicó que, en materia correctiva, hay un énfasis en el aspecto correctivo, al concentrar el 47 por ciento de las auditorías financieras y de cumplimiento en compras y obra pública, lo que se ha reflejado en una reducción en el dinero observado por la Auditoría Superior de la Federación.
“Precisó que en la Cuenta Pública de 2019, el órgano superior auditor observó solo el 0.8 por ciento respecto del presupuesto para ese año, que fue de 5.5 billones de pesos. En 2020 la proporción disminuyó a 0.4 por ciento de los 5.7 billones; y en 2021 se redujo a 0.2 por ciento de 6.3 billones. Señaló que los resultados finales de la revisión de la Cuenta Pública de 2022 se entregarán en febrero próximo, y la tendencia apunta a que el porcentaje puede disminuir”, explicó la SRE en un comunicado.
La canciller Alicia Bárcena, además, resaltó la importancia de la SFP para lograr un gobierno que tenga un uso eficiente y honesto de los recursos públicos, mientras que embajadores y cónsules expresaron inquietudes con respecto de la asignación de recursos para arrendamiento de inmuebles, rendición de cuentas y blindaje electoral.
Fuente: Milenio
