Luego de casi 12 horas de audiencia de revisión de medida cautelar, el juez sustituto de Enjuiciamiento, con sede en el Reclusorio Norte, José Rivas González, negó al ex director de Pemex, Emilio “N”, llevar su proceso en libertad por el caso de Odebrecht, en el que está acusado de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
Esto, porque el juez determinó que no habían transcurrido los dos años que señala una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que en ningún caso la prisión preventiva oficiosa debe superar los dos años.
Según Rivas González, los actos de defensa y las acciones con las que buscan alcanzar un criterio de oportunidad en el caso, impidieron que se cumpliera dicho periodo, por lo que no se contabilizan los dos años.
Por ello, “debe continuar la prolongación de la prisión preventiva que se impuso”, resolvió en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
Debido a la resolución, el abogado de Emilio “N”, Miguel Ontiveros, anunció que el próximo lunes apelarán la resolución del juez de esta madrugada.
Al respecto, la defensa del ex funcionario federal expresó: “Lozoya está muy molesto”, y calificó como “muy dura la audiencia” de revisión de la prisión preventiva justificada dictada contra su cliente en noviembre de 2021.
Al término de la audiencia, Miguel Ontiveros afirmó que no comparte la resolución del juez en la que señaló que los dos años no transcurrieron debido a que ejercieron actos de defensa, como el criterio de oportunidad que finalmente no se logró.
“Y que eso demoró que fueran dos años de prisión preventiva, pero evidentemente la colaboración se hizo considerando a la Fiscalía General de la República como autoridad, como parte del proceso. Por el otro lado, afortunadamente, fueron excluidas múltiples pruebas, eso tomó tiempo, y esos recursos el juez valoró que por haber ejercido actos de defensa, entonces nosotros fuimos y no las partes, que hicieron que se abonara a los dos años. Digamos que nos atribuyó nuestra propia responsabilidad de ejercer los actos de defensa. Es una resolución insostenible”, lamentó el litigante.
Así, anunció, “es una resolución que nosotros no compartimos como defensa, injusta que no valoró correctamente los argumentos que nosotros brindamos, así que vamos a apelar no se concedió el cambio de medida cautelar y tenemos tres días para interponer una apelación”.
