Jesús Utrilla / NV Noticias
La Fiscalía General del Estado investiga a la contralora de la Secretaría de Salud del gobierno del estado, Enma Patricia García Rodríguez, tras una serie de acusaciones relacionadas con el presunto uso ilegal de recursos, evasión fiscal y despojo de un inmueble.
Dentro de las pruebas presentadas en la investigación, destaca la confesión de García Rodríguez sobre la ocupación de una casa en la capital del estado, misma que no se ha demostrado de manera contundente, haya contado con la autorización del propietario o de una persona debidamente autorizada para hacerlo; presuntamente la funcionaria se ampara en el arrendamiento a una empresa denominada Inmobiliaria BRO, con sede supuestamente en Mexicali Baja California, sin embargo, las investigaciones establecen que el domicilio en donde supuestamente se ubica dicha empresa, no existe empresa alguna y peor aún, que dicha firma estaría involucrada ya en otros casos similares de despojo de viviendas a particulares en diversas partes del país.
Además, la contralora ha aceptado y sostiene la posesión de la propiedad mediante un presuntamente documento ilegal, un supuesto contrato de arrendamiento con una empresa fantasma, lo que agrava la situación y genera serias dudas sobre la legalidad de sus acciones.
Durante el proceso, se ha destacado que, a pesar de haber sido citada ante el Ministerio Público, García Rodríguez no ha procedido a reparar el daño entregando la posesión, lo que podría afectar el beneficio del delito culposo.
En el marco de las investigaciones, se han adjuntado documentos que, en lugar de comprobar la ocupación, incriminan a la contralora en el delito de despojo y otros ilícitos como la presunta evasión fiscal, lo que ha aumentado la gravedad de la situación.
Puntos relevantes relacionados con otros posible delitos que podrían estar involucrados en el caso establecen que la contralora, como funcionaria pública, no declaró debidamente un contrato para adquisición de un inmueble por un monto de 3 millones en su patrimonio.
Además, existen señalamientos sobre el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo sin evidencia bancaria, lo que podría dar lugar a delitos como enriquecimiento ilícito, falsedad ante autoridad, fraude procesal y tráfico de influencias.
Por ejemplo, documentos en poder de la redacción demuestran que aunque debió informar en su declaración patrimonial, que desde el 6 de Noviembre del 2020 tiene un contrato para adquisición de un inmueble por 3 millones sea como un adeudo, como un pasivo, como una inversión pero deber ser enunciada en su declaración patrimonial, no lo hizo.
Además que el supuesto contrato de arrendamiento lo hizo en un contrato privado, con promesa de compraventa, con alguien que no era el propietario del inmueble.
