La investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) por su implicación en el asalto al Capitolio de 2021 y la sustracción de documentos clasificados de la Casa Blanca ha costado de momento unos 9 millones de dólares.
El balance facilitado este viernes por el Departamento de Justicia precisó que desde el nombramiento de Smith en noviembre de 2022 y hasta el pasado 31 de marzo su oficina ha desembolsado 5.4 millones de dólares en personal, viajes o adquisición de material, entre otros servicios, mientras que otras agencias del Departamento de Justicia han invertido 3.8 millones.
En esos 3.8 millones se incluye el coste de la seguridad asignada al fiscal especial, que antes de ser designado para esa labor ejercía como fiscal de La Haya para crímenes de guerra en Kosovo. Otra de las partidas más importantes, de 2.6 millones de dólares, corresponde al pago del salario del personal.
Trump fue imputado en junio ante un tribunal de Miami por retención ilegal de secretos del Gobierno, obstrucción a la Justicia y conspiración, entre otros delitos. Se trató de la primera vez en la historia del país en la que un exmandatario resultó imputado con cargos federales y esa acusación llegó en plena campaña por las elecciones presidenciales de 2024.
De acuerdo con el escrito de acusación, el exmandatario republicano se habría llevado ilegalmente en 2021, cuando abandonó la Presidencia, centenares de documentos clasificados, incluidos secretos nucleares, que almacenó en varios puntos de su mansión de Mar-a-Lago (Florida), como un dormitorio, un salón de baile, un baño y una ducha.
La investigación sobre su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, que tuvo lugar mientras se certificaba la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios de noviembre del año anterior, sigue abierta.
Trump ha reiterado en numerosas ocasiones que se considera víctima de una “caza de brujas”, mientras que desde la Fiscalía se ha recordado que nadie está por encima de la ley.
El expresidente había sido acusado además en marzo en un tribunal de Manhattan (Nueva York) por pagos irregulares para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels durante su campaña electoral de 2016. Esa fue la primera imputación de delitos penales lanzada contra un expresidente estadounidense, en ese caso a nivel estatal, no federal.
Fuente: Forbes
