El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis Alcántara Carrancá, admitió a trámite la primera impugnación en contra de la veintena de reformas de ley que fueron avaladas por la mayoría de Morena y aliados en el Senado, durante la noche del 28 y madrugada del 29 de abril, en la sesión conocida como viernes negro.
Según los registros públicos de la Corte, el ministro González Alcántara Carrancá determinó admitir a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por una minoría de senadores de oposición en contra de las reformas a la Ley Federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tableta y/o comprimidos.
Dicha reforma de ley, conocida como antifentanilo, establece una pena de 10 a 15 años de prisión a la persona que desvíe o haga uso de precursores químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas, así como una multa por el equivalente al 10 por ciento de los ingresos obtenidos por dichas actividades.
Milenio señala que los acuerdos públicos de la Suprema Corte dan a conocer que también fue registrada la demanda en contra de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales; a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.
El paquete de reformas de leyes conocido como Ley Minera fue turnado al ministro Alberto Pérez Dayán, quien habrá de determinar si esta demanda promovida por diputados de oposición cumple con los requisitos de legalidad y es admitida a trámite o bien desechada por improcedente.
Asimismo, la Corte registró la impugnación de diputados y senadores de oposición en contra de las reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación, y por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, mediante el cual se desapareció el Conacyt y se creó el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Ese par de acciones de inconstitucionalidad fueron turnadas al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien tendrá que determinar en próximos días si son admitidas a trámite.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación también registró la demanda presentada por una minoría de senadores en contra de las reformas a la Ley del ISSSTE para que los trabajadores al servicio del Estado puedan reestructurar, en Unidades de Medida y Actualización (UMA) o pesos, sus adeudos de crédito de vivienda cuando hayan dejado de laborar en el sector público y se le haya sido aplicado el plazo de un año de prórroga.
Dicha impugnación también le fue turnada al ministro Pardo Rebolledo.
