El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez, pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una nueva opinión respecto a las impugnaciones contra la segunda parte del ‘Plan B’ electoral.
De acuerdo con registros públicos del máximo tribunal del país, el ministro Laynez Potisek, encargado de este asunto, solicitó al presidente de la Sala Superior del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, su opinión en relación con las acciones de inconstitucionalidad promovidas por PAN y PRI, así como por diputados y senadores de oposición, además del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Esta es la segunda opinión que el ministro Javier Laynez pide a los magistrados de la Sala Superior del TEPJF respecto a las impugnaciones presentadas contra el segundo paquete de reformas del denominado ‘Plan B’ electoral.
La primera opinión, incluida en el oficio TEPJF-SGA-OA-2123/2023, entregada por el actuario de la Sala Superior del TEPJF, Jorge Francisco López Rodríguez, derivó de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Movimiento Ciudadano y PRD.
En ese documento, emitido en el expediente SUP-OP-4/2023, el órgano jurisdiccional en materia electoral concluyó que de 34 artículos y temas impugnados en la segunda parte del ‘Plan B’, 16 se plantearon como constitucionales, seis ilegales y en 12 no pueden emitir una opinión porque no son del ámbito electoral.
Respecto a los artículos que se consideran legales destaca la reestructura al Instituto Nacional Electoral (INE), la cual implica el despido de trabajadores y la fusión de áreas; así como retrasar la elección presidencial del 1 de septiembre a la última semana de noviembre, pues ambos cambios están dentro de la “libertad legislativa” prevista en la Constitución, según concluyó el TEPJF.
En cuanto a las seis inconstitucionalidades cometidas al aprobar estas reformas están los llamados “guardaditos” de los partidos para transferirse dinero entre estados y comités nacionales; la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el padrón electoral y el blindaje para no sancionar a candidatos que violen las reglas de fiscalización.
Fuente: Milenio
