Por: Jorge Luis Malpica Ortiz
Los contrapesos al poder son esenciales para que se garanticen los principios democráticos, el estado de derecho y la libertad de los ciudadanos. Con la resolución del pasado lunes ocho de mayo de la SCJN en declarar inválida la primera parte del plan B de reforma electoral que envió el presidente López Obrador al poder legislativo, quedó claro que en nuestro país el máximo órgano procurador de justicia es un contrapeso al poder.
Esto que se decidió el lunes es la primera parte del plan B, debemos tomar en cuenta que todavía queda la segunda parte de esta reforma electoral, que tiene que ver con desaparecer los 300 consejos distritales al igual que los Oples estatales, así como despedir a miles de funcionarios de carrera del INE con el falaz argumento de obtener mayores ahorros en el presupuesto, entre otras cosas. Es muy probable que las ministras y los ministros de la SCJN se mantengan en la misma postura de ahora, dadas las irregularidades en que incurrieron los legisladores de Morena y partidos aliados.
Los nueve ministros y ministras que votaron a favor de invalidar esta primera parte de esta reforma lo hicieron en estricto sentido de lo que dicta la ley. Para eso están, para velar los preceptos que marca la Constitución, nuestra Carta Magna, el máximo referente del marco legal que tenemos los mexicanos, no están para hacer interpretaciones acordes a ocurrencias o caprichos del presidente en turno.
Muy diferente lo sucedido en el otro poder de la Unión, el legislativo. La abyección con la que actuaron legisladores y legisladoras, porque hablamos de senadores, senadoras, diputados y diputadas de morena y de sus partidos aliados, PT y el partido Verde, fue y sigue siendo realmente de vergüenza. El sometimiento completo a la voluntad del presidente los está dejando marcados como una escoria institucional para la posteridad.
Lo que tendrían que hacer los legisladores y legisladoras, que para eso les pagamos, es seguir puntualmente los lineamientos y procedimientos parlamentarios, revisar las iniciativas, someterlas a análisis, enviarlas a las comisiones correspondientes, hacerles los cambios necesarios para que sean constitucionales, para de ahí votarlas en el pleno de cada cámara y devolverlas al ejecutivo para su promulgación. Optaron por hacerlo con las patas, ahí están las consecuencias y los resultados.
La respuesta del presidente y de toda su maquinaria de estado fue como se esperaba: insultos, acusaciones, señalamientos a las ministras y ministros de la SCJN que votar a favor del dictamen. Sin embargo, añadieron un componente más que deja abierta la puerta a otro análisis profundo: van por el plan C, que es ganar la mayoría calificada en el Congreso en las próximas elecciones para poder realizar todas estas reformas constitucionales que desea el presidente. Esto lo comentaremos mañana.
