Más de 500 organizaciones de la sociedad civil llamaron a las y los legisladores del Congreso de la Unión, a impedir que prospere la iniciativa de ley enviada a la Cámara de Diputados en días pasados, con la cual se busca desaparecer o fusionar a 18 organismos y entidades federales.
A través de un comunicado, sostuvieron que durante años, el poder legislativo luchó por la creación y el desarrollo de dichas instituciones, entre las que destacan el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados (COMAR), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, entre otros.
“Lucharon por la igualdad de derechos de las niñas y contra sus violencias, por el derecho al refugio de personas en peligro de muerte, o por mejorar la gravísima situación de las y los jóvenes”, indicaron.
Las más de 500 organizaciones ciudadanas afirmaron que se contradice el marco Constitucional pues se afecta el Principio Pro Persona, el Interés Superior de la Niñez, y la búsqueda de la Igualdad de Género, “en razón de que son mujeres siempre las más afectadas en todos los grupos de población”.
“No hay ninguna clara razón presupuestal o programática que permita justificar este recorte institucional. Por el contrario, estos organismos deben ser fortalecidos porque son responsables de poblaciones y de temas ampliamente vulnerados, y, por ningún motivo, deben fusionarse ni desaparecer, pues ello vulnera la autonomía e independencia con el que cuentan, debilita su capacidad de atención a los grupos sociales más vulnerables, y se disminuye la transparencia y la rendición de cuentas en distintos niveles”.
La propuesta, argumentaron, representa un retroceso en la capacidad de resolución pública de graves problemas sociales, porque todas estas instituciones y organismos tienen como mandato legal los derechos humanos de sectores muy amplios de la población, y se crearon respondiendo a compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
“Poner en riesgo la existencia y el funcionamiento de estos organismos anularía muchos procesos de la democracia participativa por los cuales miles de organizaciones ciudadanas y personas han luchado por décadas”, concluyeron.
Fuente: El Universal
