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La judicialización atasca a la 4T

Edgard González Suárez

Con la llegada de la 4T al Gobierno, que no al poder, los poderes formales e informales han adquirido protagonismo, todos o casi todos los poderes identificables se han sumado como actores políticos y todos ellos han estructurado verdaderos grupos de interés en la contienda política en nuestro país.

Reconozcamos que llegar al gobierno no necesariamente significa tener el poder, o por lo menos, no todo el poder, o el poder suficiente como para hacer avanzar un proyecto político, o un programa político nacional.

Desde 2018, hemos presenciado el protagonismo de varios poderes, por ejemplo: el poder de la delincuencia organizada, en todas sus versiones, narcóticos, migrantes, lavado de dinero, etc.; los poderes mediáticos institucionales, sistemas de radiofonía, televisión y prensa escrita; la redes sociales, donde parece encontrarse la disputa por la narrativa más cruenta y descompuesta; la opinión pública, que mantiene interés y busca desenmarañar la complejidad socio-política; los partidos políticos y sus escenificaciones electorales, su manejo propagandístico y el uso de sus redes clientelares; por supuesto, el poder empresarial, industrial y financiero, los poderes internacionales, como por ejemplo, la embajada americana y sus intromisiones en nuestro país y, por más que quisiéramos obviar, los poderes legislativo, ejecutivo y ahora, quizá con un protagonismo hasta antes desconocido,  el judicial y los tribunales.

Como podemos observar, concretar un proyecto político desde el gobierno no ha sido fácil y, desde, mi punto de vista, la 4T está cayendo en un atascadero, sobre todo, judicial. Las expresiones políticas de todo tipo, incluida la de MORENA, cada vez más recurren a la judicialización para retardar, sabotear, o de plano descarrilar acciones y decisiones administrativas o políticas. Ahora, los poderes, judicial y los tribunales, son los escenarios de una lucha no solo jurídica sino política, e incluso ideológica.

Para los teóricos de la transición democrática, un sistema político, que se precie de ser democrático, debe guardar equilibrios con el robustecimiento de los otros poderes formales, y durante toda la época neoliberal, un congreso dividido, sin mayoría, era mejor, o lo menos peor, que un poder ejecutivo sin acotaciones.

Pero ahora, una fuerza política tiene mayoría en las cámaras, y lo que procede a las oposiciones, es judicializar todo intento por modificar o reformar leyes, ya sean secundarias, o constitucionales, y empantanar cualquier modificación al status quo o al equilibrio de fuerzas anterior.

Todo parece indicar que la “judicialización política” será el arma de todos los sectores sociales para defender sus intereses, sean cuales sean, un tren, cuentas en el extranjero, candidaturas, reformas electorales, lo que sea. Lo que sea será judicializado. No hay leyes, reformas, obras públicas que no vayan a pasar por los amparos, las medidas cautelares o la franca vinculación a proceso, es decir, llevadas a juicio. Todo proyecto de reforma desde los gobiernos, sean de derecha o de izquierda están siendo judicializados. Ahora, una de las mejores armas de las oposiciones son los expedientes judiciales. Así, las reformas intentadas por Trump, Pedro Sánchez, Evo Morales, Bolsonaro, Macron, Bukele o López Obrador se encuentran en el pantano judicial. Y digo pantano, no solo porque empantanan, hacen difícil sino es que nugatoria una ley, o una reforma, sino por muchos de esos actos judiciales hulen a pantano, los jueces ahora han encontrado una mina de oro al aceptar y recibir amparos, controversias, denuncias, etc., y vender sus votos o resoluciones.

La guerra jurídica (lawfare) no ha acabado, es más, apenas ha empezado, el problema no es llevar a los tribunales la defensa de tus intereses, sino que los jueces se han convertido en actores políticos interesados, y participan activamente a favor o en contra de determinado proyecto político e ideológico, y han abandonado los criterios jurídicos, de justicia y de ética profesional. Y lo que esperamos, para las próximas décadas, es que el pantano de la judicialización cada día apeste más y más.

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