El Instituto Nacional de Migración (INM) ignoró la orden presidencial de contratar elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) en lugar de empresas de seguridad privada, con lo argumento de que son baratas, acusó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.
Señaló que es el caso de Camsa, la firma encargada de la seguridad en el centro migratorio de Ciudad Juárez en el que fallecieron 39 indocumentados, que recibió un contrato por adjudicación directa para prestar sus servicios en instalaciones del INM en 23 estados hasta el próximo 31 de diciembre, con un monto de hasta 190 millones de pesos.
“Reiteramos que se inició el proceso administrativo contra la empresa debido a que ocurrió en al menos nueve omisiones”, aseguró, y que la Fiscalía General de la República analizará la legalidad del contrato.
La secretaria informó que se investiga si hay filiales de la agencia privada que tengan contratos aún vigentes; “se está siguiendo la pista”, dijo.
Sobre la orden presidencial de contratar elementos del SPF, rechazó responsabilizar a alguien, pero dijo que son las áreas de recursos materiales las que se encargan de estos contratos.
La secretaria aceptó que existe resistencia por parte de las dependencias debido a que estas empresas privadas son creadas por ex policías o ex integrantes de las fuerzas armadas que se alían con los servidores.
Dijo que se acelerará la revisión de las firmas que ofrecen sus servicios en el país, especialmente las relacionadas con el gobierno.
Fuente: Milenio
