Para disminuir las consecuencias negativas que han resultado del apego que las niñas, niños y adolescentes tienen frente a las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales y los contenidos digitales, la diputada federal morenista Laura Imelda Pérez Segura, presentó una iniciativa para sancionar penalmente a aquellas personas que en redes sociales promuevan y difundan retos virales.
“Por el simple hecho de ser aceptados socialmente, las y los menores de edad, así como las y los adolescentes, pueden poner en riesgo su integridad física, e incluso su vida. Por ello, esta propuesta legislativa busca adicionar una nueva modalidad a los delitos de inducción al suicidio y lesiones. Es urgente sancionar penalmente a aquellas personas que en redes sociales promuevan y difundan retos virales que pongan en peligro la vida o la integridad física de las personas menores de edad, así como de las personas que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad”, explicó la legisladora.
La propuesta busca reformar el artículo 33 del Código Penal Federal, para establecer que se considerará como instigación al suicidio la distribución o difusión pública, en plataformas digitales, internet, teléfono, o en cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación que tenga por finalidad promover, fomentar o incitar al suicidio de personas menores de edad, incapaces, con alguna forma de enajenación mental o pertenecientes a algún grupo en situación de vulnerabilidad.
“Además, se adicionan los artículos 313 Bis y 313 Ter para que la persona que induzca a este tipo de prácticas, sea sancionada; y para que, en los casos de instigación, e inducción al suicidio o a la autolesión, aun cuando esta no haya culminado con el daño promovido o pretendido, pero si se haya puesto en una situación de riesgo inminente a la o las personas quienes fueron inducidas a la conducta, se aplique hasta la mitad de la sanción”, detalla la iniciativa.
En cuanto a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la propuesta exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan mecanismos para concientizar sobre el manejo adecuado y responsable en el uso de las redes sociales digitales, a fin de evidenciar y prevenir los impactos negativos que pueden tener en la salud mental y física.
Fuente: El Universal
