Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite 30 controversias constitucionales que impugnan la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), mismas que conforman la primera parte del Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Alberto Pérez Dayán dio entrada a los recursos, pero rechazó conceder la suspensión solicitada por municipios gobernados por el PAN y el PRI.
Las impugnaciones se suman a los recursos legales promovidos por los municipios de Monclova, Sierra Mojada y Matamoros, de Coahuila; Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, así como Guanajuato y Comonfort, en Guanajuato; Chihuahua, Chihuahua, y del Instituto Nacional Electoral (INE).
La Ley General de Comunicación Social establece un gasto del 0.1 por ciento del presupuesto en campañas de difusión y es aplicable para los entes públicos que integran a los tres poderes de la Federación, de las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los órganos a los que la Constitución dota de autonomía y cualquier otra institución o entidad de carácter público.
Mientras que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala las sanciones a funcionarios que no cumplan con las restricciones para comunicación social.
Fuente: Milenio
