El ex sacerdote y activista de derechos humanos, Alberto Athié, acusó que el protocolo contra abuso sexual que la Iglesia católica en México vende no reconoce esa conducta como un delito y mantiene la idea de guardar la confidencialidad de los casos.
Por su parte, la Arquidiócesis Primada de México informó que el documento, impreso en junio pasado es una herramienta del Departamento para la Protección de Menores de la Arquidiócesis para difundir “contribuir en la investigación y conocimiento del fenómeno de los abusos sexuales en general”, así como los canales de denuncia ante las instancias eclesiásticas o civiles, y la cuota permitirá “seguir haciendo investigaciones que nos permitan actualizarlo”.
“Es una iniciativa propia de la Arquidiócesis Primada de México (APM), desarrollada con base en las obligaciones que tiene esta iglesia particular ante el Estado mexicano y el derecho positivo vigente aplicable en Ciudad de México, territorio donde está ubicada la APM. Es decir, no es un documento 100 por ciento aplicable en todas las diócesis del país y en todos los estados”, explicó en una nota informativa.
Zaida Rosales Ortega, directora del Departamento de Protección de Menores, se negó a informar cuántos casos de abuso sexual se han denunciado con base en este protocolo.
Athié recordó que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ya había solicitado a la Iglesia católica apegarse a las leyes de cada país en materia de delitos sexuales y no tener un mecanismo interno.
El comité es un órgano de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de sus Estados miembros, incluida la Santa Sede.
“Este protocolo es una expresión del modelo interno de la Iglesia, en donde ni siquiera lo reconocen (como) un delito, habla de (…) ¿un pecado? ¿un problema disciplinar? (…) Este protocolo de alguna manera refiere a que cada obispo, obispado o titular de las diócesis sea el responsable de los casos y es una especie de refrito de ese crimen sollicitationis de los años 60”.
La crimen sollicitationis es un mandato aprobado en 1962 que fijaba los procedimientos para afrontar y castigar los casos de clérigos de la Iglesia católica acusados de usar la penitencia como vía para tener acercamientos de índole sexual con los fieles, o contra comportamientos homosexuales, pedófilos o zoófilos por parte del clero.
Entre las instrucciones destaca que, una vez realizada la denuncia, el denunciante es advertido de guardar la confidencialidad, si fuera preciso, bajo pena de excomunión. “Es un delito, no un problema disciplinario, administrativo, donde la mayor pena es que dejen el sacerdocio”.
“Eso supone que las autoridades deben de actuar y en México no actúan; así es que es ese es el problema también”, reprochó.
Fuente: Milenio
