Los recursos que el gobierno federal transfirió a los estados durante los primeros tres años del sexenio, entre 2019 y 2021, para comprar armamento, fortalecer a sus policías y prevenir la delincuencia no fueron usados correctamente por la mayoría de ellos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que entre 2019 y 2021, al menos 766 millones 874 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que reparte cada año la Federación entre los estados, no fueron aplicados como se debían, por lo que 28 gobiernos estatales tienen pendiente aclarar su uso o devolverlos a la Secretaría de Hacienda.
A la fecha, la ASF mantiene el seguimiento de sus señalamientos, entre solicitudes de aclaración y pliegos de observaciones, emitidas a los gobiernos de esos 28 estados.
En al menos 12 de esas entidades, los índices delictivos se elevaron en ese periodo, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP).
Por ejemplo, en los cuatro estados ─Aguascalientes, Morelos, Puebla y Michoacán─ en los que más irregularidades hubo en el uso de esos recursos del FASP, detectó la ASF, mientras que los homicidios y los feminicidios se elevaron.
Esos cuatro estados concentran el 56 por ciento de los recursos públicos federales del FASP presuntamente utilizados de manera irregular, al sumar, entre los cuatro, 436 millones 686 mil 796.35 pesos.
La entidad que más recursos tiene pendiente por aclarar o devolver es Aguascalientes, con 143 millones 492 mil 798.44 pesos de los años 2019 y 2021, cuando estaba gobernada por Martín Orozco.
La mayor cantidad de esos recursos por transparentar corresponde al año 2019, cuando quedó a deber explicaciones por 127 millones 544 mil 647.53 pesos, de los que no existen estados de cuenta bancarios que acrediten que se utilizaron en pagos a proveedores o contratistas.
Esa cantidad representa 71 por ciento del total de los recursos del FASP que ese año se le transfirieron a Aguascalientes, cuando recibió 177 millones 800 mil 426 pesos.
De 2021, Aguascalientes tiene cuentas pendientes por aclarar por 15 millones 948 mil 150.91 pesos, que supuestamente se utilizaron en la adquisición de municiones, cargadores y armas con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de las que no se proporcionó la documentación comprobatoria ni se acreditó su entrega al gobierno del Estado.
En esa entidad, los delitos que más crecieron fueron los que afectan la tranquilidad de las mujeres: los feminicidios pasaron de cinco en 2019 a nueve en 2021; las violaciones pasaron de 216 a 225 y el hostigamiento sexual, de 104 a 115.
Fuente: Milenio
