El destino de los Organismos Públicos Locales Electorales está en juego. Mientras Morena busca respaldo para eliminarlos como lo plantea su propuesta de reforma electoral, a nivel estatal los asfixian presupuestalmente; sin que la oposición se quede atrás, pues arrastran retenciones millonarias que afectan pagos a proveedores de las pasadas elecciones, sueldos y liquidaciones, y hasta la entrega de las prerrogativas a los propios partidos políticos.
Aunque a nivel federal el PAN y el PRI pregonan su defensa por el Instituto Nacional Electoral, a nivel local, sus gobiernos que este año concluyeron o que siguen gobernando en entidades como Quintana Roo, Durango y Coahuila tienen a las autoridades electorales padeciendo su resistencia para entregarles recursos que les permitan operar y cerrar el año Algunos llegaron a crisis económicas históricas pues los gobiernos locales se resisten incluso, a acatar sentencias de los tribunales y maniobran en los congresos locales para que no se aprueben las ampliaciones presupuestales y mantengan los recortes que les impiden operar plenamente.
El más reciente reporte de la situación presupuestal de los OPLES elaborada por el INE exhibe que si bien, los gobiernos de Morena son los que más los atacan financieramente, no hay partido político que se salve de asfixias presupuestales a las autoridades electorales, pues las administraciones de Morena, PAN, PRI, PVEM, PES y Movimiento Ciudadano han afectado en diferente medida, las operaciones electorales.
Para el ejercicio fiscal de este año, con corte a mediados de octubre, son siete entidades las que presentan un riesgo alto en sus operaciones a falta de dinero para pagar sueldos y salarios, rentas y adeudos a proveedores del proceso electoral pasado. Uno de los casos más relevantes es la Ciudad de México donde se aplicó un recorte presupuestal a a la autoridad electoral local de más del 50 por ciento, y que tiene un déficit presupuestal que le imposibilita seguir sus operaciones para lo que resta de octubre, noviembre y diciembre.
