La Fiscalía General de la República (FGR) informó que está gestionando una orden de aprehensión contra ex funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por la adquisición del equipo de inteligencia “Pegasus”, a quienes en un futuro también se les podría acusar de espionaje.
La institución indicó que los delitos que se configuran hasta este momento son peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa, y cuyos presuntos responsables fueron Tomás Zerón, así como otros servidores públicos.
Mencionó que la adquisición del equipo en el sexenio anterior se realizó por la cantidad de 456 millones 843 mil 149 pesos, sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.
“Actualmente se está gestionando la solitud de orden de aprehensión contra quien proceda, así como las pautas para ejercitar acción penal. Por lo que toca al uso de dichos equipos, se estará en posibilidad de ampliar la acción penal por los delitos vinculados por el espionaje ilegal, en el momento procesal en que se obtenga información al respecto”, agregó.
La Fiscalía General de la República recordó que también está en marcha otra investigación, relacionada con el procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos.
Detalló que el 26 de agosto de 2021, el Ministerio Público Federal obtuvo una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos García Rivera, quien trabajaba para la empresa Proyectos y Diseños VME, la cual forma parte del grupo empresarial KBH, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones, todo ello como coautor material de dicho hecho delictivo.
Subrayó que en este caso se solicitó aplicación de la agravante prevista en artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión.
El 1 de noviembre de 2021, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos García y fue puesto a disposición de la autoridad judicial.
El 6 de noviembre de dicho año, el juez de control determinó vincular a proceso al imputado, así como también la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones.
En este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema Pegasus mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas.
Fuente: Milenio
