Un juez federal rechazó otorgar una suspensión definitiva a Cristian Elior Solís Arriaga, quien fue aprehendido por la Fiscalía General de la República (FGR) por los sucesos ocurridos en el pozo propiedad de la empresa minera El Pinabete, en Coahuila, donde 10 mineros quedaron atrapados el pasado 3 de agosto.
Juan Marcos Dávila Rangel, juez Tercero de Distrito con sede en Piedras Negras, Coahuila determinó negar la medida cautelar porque Solís Arriaga no cumplió con el pago de la garantía de 500 mil pesos que se le impuso cuando se le otorgó la suspensión provisional, misma que impedía su captura.
El juzgador señaló que el hombre ha evidenciado una conducta permanente y contumaz por no acudir y obedecer el requerimiento que se le realizó, a fin de llevar a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en la causa penal.
Lo anterior se confirma, agregó el juez, en el oficio 19994/2022, del 21 de septiembre del presente año, el cual fue emitido por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila, quien notificó que el quejoso no compareció el 1 de septiembre, a la celebración de la audiencia incidental para formular imputación en su contra, sin causa justificada.
Ayer, la FGR dio a conocer la captura de esta persona por su probable responsabilidad en el delito federal previsto en la Ley General de Bienes Nacionales.
Se presume que era el dueño del pozo minero y explotaba de manera ilícita un bien perteneciente a la Nación, mismo que está localizado en la mina El Pinabete, en el municipio de Sabinas.
El agente del Ministerio Público Federal lo presentó en la audiencia, formuló imputación y solicitó vinculación a proceso. La defensa de Cristián Elior se acogió a la duplicidad del término para que el juez resuelva sobre su situación jurídica y continuar con la audiencia el próximo 29 de septiembre.
Como medida cautelar el juez dictó prisión preventiva, que deberá cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Ramos Arizpe, Coahuila.
La FGR también busca capturar a los empresarios Luis Rafael García y Arnulfo Garza porque probablemente incurrieron en responsabilidad penal al haber permitido que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo minero localizados en la población de Agujita, donde permanecen atrapados los 10 mineros.
Fuente: Milenio
