Luego de no alcanzar una mayoría para poder declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, el ministro Luis María Aguilar decidió retirar su proyecto, a fin de poder elaborar uno nuevo para “tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan”.
Al reanudarse la sesión pública del Pleno del máximo tribunal del país, el ministro Aguilar Morales pidió la palabra antes de que se votara su proyecto original, el cual proponía que, para poder invalidar dicha medida cautelar, se tendría que dejar de aplicar el Artículo 19 de la Constitución federal, lo que generó el rechazo de la mayoría de sus compañeros.
“En aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello, tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan, a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas y de las familias mexicanas”, expuso.
Durante su pronunciamiento, el ministro Aguilar Morales, quien fuera presidente de la SCJN, rechazó “tajantemente” que haya propuesto en su proyecto de sentencia determinar la “inconstitucionalidad de la Constitución”.
“Me permito subrayar que en ningún momento ello fue el contenido o texto de mi proyecto ni mi planteamiento y, desde luego, rechazo, tajantemente, haber afirmado o siquiera insinuado que propongo quitarle hojas a la Norma Fundamental y con ello vulnerarla“, enfatizó.
El ministro Aguilar Morales también cuestionó a sus compañeros sobre qué mensaje se estaría enviando desde el máximo tribunal del país si se afirmara que aquello que justifica el uso de la prisión preventiva oficiosa “es que no se trata de presuntos inocentes sino de presuntos delincuentes”.
Antes de concluir su argumentación, el ministro Aguilar Morales hizo énfasis en que la prisión preventiva oficiosa “castiga a las personas más vulnerables”, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encargada del sistema penitenciario, así como de organizaciones de la sociedad civil.
Fuente: Milenio
