El fallido intento de golpe de Estado de Donald Trump contó con un aliado poco conocido: una oscura disposición legal de 1887, cuya redacción ambigua abrió un hueco legal para desconocer los resultados del Colegio Electoral y el voto de 81.2 millones de estadunidenses que sufragaron por Joe Biden en las elecciones presidenciales del 2020.
La Ley del Conteo Electoral, que regula el funcionamiento del anacrónico Colegio Electoral, y la Ley de Sanciones Electorales buscan ser modernizadas con nuevos estándares legales para convertirse en un antídoto contra las inclinaciones autoritarias de este u otro Trump que busque explotar los vacíos legales para trucar el juego democrático.
El Colegio Electoral es un órgano clave del sistema político de Estados Unidos porque es el “gran elector” del jefe del ejecutivo. Los votantes de las elecciones presidenciales sufragan por los representantes estatales al Colegio, llamados “electores”, los cuales se reúnen después de los comicios para votar formalmente y elegir al presidente o presidenta.
Pero la ley actual tiene ambigüedades que podrían resultar en crisis constitucionales. Por ejemplo, sobre el papel que puede jugar el vicepresidente para invalidar los votos de los “electores” o de las circunstancias bajo las cuales un miembro del Congreso puede objetar los resultados del Colegio Electoral.
Las reformas propuestas por un grupo bipartidista de senadores, encabezados por el demócrata de Virginia del Oeste, Joe Manchin, y la republicana de Maine, Susan Collins, hacen por vez primera explícito que el vicepresidente de los Estados Unidos carece de la facultad legal para juzgar o anular los resultados de la votación del Colegio Electoral.
De la misma forma, elevan el umbral para presentar objeciones a los resultados del Colegio Electoral por parte de un miembro del Congreso. Actualmente, con la objeción de un congresista se puede iniciar un proceso legal.
Las reformas requerirían que por lo menos una quinta parte de los miembros de la legislatura concurran para iniciarlo. Las reformas tapan, asimismo, algunas lagunas legales que podrían ser usadas por las legislaturas estatales para declarar “nulas” las elecciones por motivos políticos e intentar ignorar la voluntad depositada en las urnas por los votantes.
Para apretar la pinza, una segunda reforma legal, la Ley de Sanciones Mejoradas para Proteger Nuestras Elecciones, duplicaría de uno a dos años de prisión obligatoria la sanción según la ley federal para las personas que amenazan o intimidan a los funcionarios electorales, observadores electorales, votantes o candidatos.
Fuente: Milenio
