Un juez federal admitió un amparo que busca frenar las obras y trámites de autorizaciones provisionales de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, obra prioritaria para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pasará por Quintana Roo y Campeche.
Adrián Fernando Novelo, juez primero de Distrito en Yucatán –el mismo que concedió la suspensión definitiva en el caso del recurso presentado por buzos profesionales para el Tramo 5 sur–, admitió ahora el trámite de ampliación de la demanda que busca poner freno a los últimos tramos del Tren, los cuales ya cuentan con permisos provisionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Se trata de un recurso, amparo 923/2022, tramitado el 5 de abril pasado por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que en un principio, sólo fue contra los permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan a la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades en el Tramo 5 del proyecto Tren Maya.
Tres semanas después de presentado, Novelo Pérez concedió la suspensión provisional en la que resolvió frenar la ejecución material de la construcción de todo el tramo, de 67.7 kilómetros de extensión, que va de Cancún a Tulum; ordenó que no se permitiera la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material.
Pero el 25 de mayo, la quejosa ingresó ante el juzgado una ampliación de la demanda de amparo, a fin de incluir una nueva autoridad responsable: la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat y los tramos 6 y 7.
El acto reclamado es contra “cualquier autorización provisional de obras y proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno de México, emitida expresamente con base en el Acuerdo publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación; esto, en relación con los Tramos Cinco, Seis y Siete del Proyecto denominado Tren Maya”, según se lee en la resolución del juez consultada por Efe.
El acuerdo se refiere al expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual declara obras como el Tren Maya como de Seguridad Nacional y por el que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional, permisos o licencias necesarias para iniciar proyectos ferroviarios, y con ello, garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
Como Novelo Pérez no consiguió verificar la certeza de lo reclamado por la parte quejosa, es decir, no pudo conocer si la DGIRA ya había concedido autorizaciones para los tramos 6 y 7, decidió no conceder la suspensión provisional en este punto específico.
Fuente: Forbes
