Un juez federal ordenó este lunes al abogado John Eastman, quien asesoró al expresidente Donald Trump en su estrategia para tratar de anular los resultados de las elecciones que perdió ante Joe Biden, que entregue más de 100 correos electrónicos al panel del Congreso que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021.
Eastman ha tratado de evitar que el Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección vea los correos electrónicos. El juez determinó que de las comunicaciones que piden los congresistas solo 10 correos electrónicos no tienen que ser entregados.
“Con base en la evidencia, el tribunal determina que es más probable que el presidente Trump y el Dr. Eastman conspiraran deshonestamente para obstruir la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021”, dictaminó el juez David Carter, del Distrio Federal del Centro de California.
“La ilegalidad del plan era obvia”, escribió el juez Carter en su fallo. “Nuestra nación se fundó sobre la transición pacífica del poder, personificada por George Washington deponiendo su espada para dar paso a elecciones democráticas. Ignorando esta historia, el presidente Trump hizo una campaña enérgica para que el vicepresidente determinara por sí solo los resultados de las elecciones de 2020”.
“El presidente Trump y el Dr. Eastman justificaron el plan con acusaciones de fraude electoral, pero el presidente Trump probablemente sabía que la justificación no tenía fundamento y, por lo tanto, que todo el plan era ilegal”, sentenció el juez.
Eastman es una figura central en la investigación del comité, ya que escribió dos memorandos legales argumentando que el entonces vicepresidente Mike Pence tenía la autoridad para rechazar unilateralmente los votos electorales o retrasar su conteo, lo que podría haber abierto la puerta para que las legislaturas estatales lideradas por republicanos votaran por Trump a pesar de que más votantes lo hicieron por Joe Biden.
Al final, Pence hizo caso omiso del consejo y los expertos legales lo denunciaron rotundamente cuando se hizo público el año pasado.
Eastman presentó una demanda contra el Comité Selecto para que bloqueara la entrega de los documentos en su posesión que le exigían los congresistas. Según él, esas comunicaciones estaban cubiertos por el privilegio abogado-cliente.
El comité argumentó que bajo la teoría legal conocida como la excepción del delito y el fraude, que el privilegio no cubría la información transmitida de un cliente a un abogado si era parte de promover u ocultar un delito.
Fuente: Univisión
