Remington, fabricante estadunidense de armas, pagará 73 millones de dólares a las familias de nueve víctimas del tiroteo en la escuela Sandy Hook, de Connecticut, que dejó 28 muertos en 2012.
Mientras, un juez federal en Massachusetts aceptó dar una prórroga de un mes a las armerías para responder a la demandada del gobierno mexicano, además de que les permitió continuar su defensa en bloque ante la figura de “amigos de la corte” que formaron otros países al sumarse a este proceso judicial.
En diciembre de 2012, un joven identificado como Adam Lanza disparó con un rifle estilo BushmasterAR-15, que fabrica Remington, contra la comunidad de la Escuela Primaria Sandy Hook, lo que dejó 28 muertos, entre ellos el propio agresor y su madre.
En un hecho histórico que puede marcar la ruta para la demanda que el gobierno mexicano mantiene contra las fabricantes de armas, Remington llegó a un acuerdo con deudos de nueve víctimas que, según la agencia AP, es el pago de 73 millones de dólares.
La armería aceptó además que las familias divulguen documentos utilizados en la demanda, incluidas las formas de cómo se comercializó el artefacto, para prevenir a padres y autoridades sobre futuros tiroteos masivos.
En la demanda presentada en 2015, los abogados de las víctimas se enfocaron en demostrar cómo se comercializó la AR-15 usada por Lanza, alegando que dicha publicidad estaba dirigida a jóvenes que miraban dichos productos en videojuegos violentos.
“Considere la reemisión de su tarjeta de hombre”, era una de las frases con que Remington se anunciaba y aunque la empresa consideró que no había pruebas para establecer que su comercialización tuviera algo que ver con el tiroteo, la Corte Suprema de Connecticut dio entrada a la demanda.
Respecto al acuerdo, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que legitima el señalamiento del gobierno mexicano respecto a la responsabilidad de las empresas demandadas, entre las cuales también se encuentra Remington, en la situación de violencia que se vive en México.
Además, consideró que “el logro de las víctimas de Sandy Hook debe poner en alerta a los inversionistas de empresas que fabrican y distribuyen armas, así como las empresas aseguradoras que les sirven, sobre el daño económico que enfrentan por sus prácticas comerciales negligentes”.
En entrevista el funcionario destacó que el acuerdo sobre Sandy Hook vulnera la socorrida defensa de las fabricantes de armas en Estados Unidos, que usualmente alegan que la responsabilidad sobre su producto termina al momento de la venta, invocando la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas.
En Massachusetts, el juez federal F. Dennis Saylor aceptó que las armerías demandadas por el gobierno mexicano continúen su defensa en bloque y les dio una prórroga hasta el 14 de marzo para que desestimen el recurso.
El pasado 11 de febrero, las armerías interpusieron un recurso bajo el cual solicitaron tiempo y reconocieron que el amicus curiae de México fue “inesperado”, además de voluminoso. Documentos revelan que argumentos como este fueron suficientes para que el juez otorgara a los demandados presentar una desestimación conjunta.
El 1 de febrero, la cancillería mexicana presentó el amicus curiae, respaldado por Belice, Bermudas, Antigua y Barbuda, organizaciones civiles antibélicas, 25 fiscales y 14 procuradores estadunidenses.
Fuente: Milenio
