El coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, presentó una iniciativa para tipificar como delito penal y sancionar hasta con 30 años de prisión a quien reclute niñas, niños o adolescentes para la comisión de actividades delictivas o para formar parte de grupos criminales.
“La crisis de seguridad que enfrenta México puso en evidencia no solo un repunte de ciertas actividades ilícitas, sino la evolución de las estrategias de la delincuencia organizada, que cada vez más utiliza a menores de edad para sus operaciones”, puntualizó.
No obstante y a pesar de que se tiene conocimiento de estos casos, dijo, hasta el momento se carece de un diagnóstico que permita la caracterización del fenómeno y la respuesta institucional del Estado mexicano, con base en los instrumentos normativos vigentes.
Mancera señaló que, ante la prevalencia del reclutamiento forzado de niños y adolescentes, así como el incremento de la violencia criminal ejercida en su contra, la Red por los Derechos de la Infancia en México urgió ya al Estado mexicano a tipificar como delito penal está práctica.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, del 1 de enero al 31 de octubre de 2021 se registraron dos mil 37 homicidios de menores de 17 años, mientras que, en el mismo periodo, la cifra de fallecimientos violentos fue de mil 973 personas.
Adicionalmente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas reportó cuatro mil 328 menores como desaparecidos, del 1 de enero al 7 de diciembre de 2021.
En ese contexto, el senador Mancera presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal para establecer que comete el delito de reclutamiento la persona física o moral que aliste o utilice a niñas, niños o adolescentes para cometer actos ilícitos o para formar parte de una asociación delictuosa.
Propuso una sanción penal de diez a veinte años de prisión, que podría aumentar en una mitad cuando sea cometida por servidores públicos o cuando el reclutamiento recaiga sobre niñas, niños o adolescentes con algún tipo de discapacidad.
La iniciativa turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República prevé que a dichos funcionarios se les destituya e inhabilite para desempeñar cualquier cargo o comisión pública.
Fuente: Milenio
