Los grupos parlamentarios de la coalición Va por México en la Cámara de Diputados (PAN, PRI y PRD) presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Presupuesto 2022, al advertir que dicho instrumento vulnera el principio de progresividad y no regresividad de los derechos a la salud, la educación, el medio ambiente y la protección a las mujeres, entre otros.
Asimismo, sostuvieron que el proyecto de egresos aprobado por Morena y sus aliados significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), obligándolo a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes y vulnerando así el derecho de los mexicanos a participar en procesos democráticos, como el de revocación de mandato.
Los líderes parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero; del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Cházaro, afirmaron que el Presupuesto 2022 transgrede el principio de progresividad y es regresivo, pues recortó y no aumentó fondos a diversos programas cuya finalidad es proteger y garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos.
Como ejemplo de ello citaron el caso del sector salud, donde el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sigue sin garantizar la cobertura y el presupuesto efectivo para beneficiarios que sí se tenían con el Seguro Popular.
Otro de los programas afectados es el de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que con un recorte de aproximadamente 10 mil millones de pesos muestra la regresividad del presupuesto aprobado.
En materia de educación, los diputados de Va por México denunciaron que la mayoría parlamentaria dejó de lado la recuperación de programas destinados a apoyar a las escuelas en el combate del rezago educativo, principalmente en las zonas más vulnerables del país.
Ello sumado a la desaparición de los programas de Escuelas de Tiempo Completo y Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, entre muchos otros.
“Respecto a los programas enfocados a la igualdad y la protección de la mujer ante la violencia, el presupuesto aprobado también resulta regresivo, según lo muestran los recortes en el programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, así como el de la atención a víctimas, y el dedicado a las estancias infantiles”, puntualizaron.
En lo relativo al medio ambiente, se concretaron afectaciones al presupuesto para áreas naturales protegidas y la protección de especies y ecosistemas, así como también en una disminución real en el Anexo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“Respecto al mandato de no regresividad, una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de tales derechos”, indicaron los legisladores.
Por lo que hace al mandato de progresividad, se deben adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles, tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos.
“En ambos casos, el Presupuesto 2022 está siendo violatorio, y por ello las y los legisladores consideraron necesaria la presentación de la acción de inconstitucionalidad”, abundaron los integrantes del bloque opositor.
Fuente: Milenio
