La Corte Suprema de Reino Unido admitió parcialmente el lunes una apelación del líder opositor Juan Guaidó en un caso para determinar si él o el presidente Nicolás Maduro controlan más de mil millones de dólares de lingotes de oro de las reservas de Venezuela almacenados en el Banco de Inglaterra.
El pulso sobre el oro se ha centrado sobre la cuestión de si el gobierno británico reconoce a Guaidó como jefe de Estado de Venezuela.
Tanto el equipo de Maduro como el de Guaidó han nombrado a un directorio diferente del Banco Central de Venezuela (BCV) y han dado instrucciones conflictivas sobre las reservas de oro y una suma similar depositada en el Deutsche Bank.
El tribunal dijo que una decisión adoptada el año pasado por la Corte de Apelaciones inglesa de revocar un fallo anterior del Alto Tribunal fue “inapropiado”, ya que el reconocimiento del gobierno británico a Guaidó como presidente interino de Venezuela fue “claro e inequívoco”.
En un comunicado, la Corte Suprema dijo que los tribunales británicos están obligados a aceptar que el gobierno británico no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela “por ningún motivo”.
No obstante, el tribunal indicó que sigue siendo necesario evaluar si reconoce los fallos de la Corte Suprema de Venezuela -que dictaminó que el estatuto de transición de Guaidó era nulo y sin valor-, y pidió al Tribunal Comercial que lo haga.
El BCV de Maduro demandó al Banco de Inglaterra en mayo de 2020 para recuperar el control del oro, que dice que venderá para financiar la respuesta de Venezuela a la pandemia de coronavirus y reforzar un sistema de salud, destrozado por años de crisis económica.
Sarosh Zaiwalla, un abogado con sede en Londres que representa al directorio del BCV de Maduro, dijo el lunes:
Nuestro cliente espera continuar con este caso, con miras a demostrar que el Directorio del BCV en Caracas es la única autoridad designada válidamente para tratar con los activos externos de Venezuela en interés de la población venezolana”.
Por su parte, Guaidó dio la bienvenida al fallo y dijo que él y sus colaboradores “continuaremos dedicados a ejercer nuestro deber constitucional de proteger los activos de la República para las generaciones futuras”.
