Sam Ojeda | NV Noticias
Xalapa. – El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, reconoció que serán los tribunales federales los que determinen si la obra de construcción de la Torre Centro en el puerto de Veracruz puede continuar; sin embargo, aseguró que esta no cumplió con la reglamentación requerida en cuanto a la opinión de impacto ambiental.
Durante su comparecencia ante los diputados locales con motivo de la glosa por el tercer informe de labores, el funcionario dijo que entre las irregularidades detectadas hallaron que funcionarios de Sedeña otorgaron la improcedente de la evaluación de impacto ambiental, lo cual contraviene la norma y por lo cual ya fueron denunciados.
“Se determinó a través de la Procuraduría del Medio Ambiente poner a disposición toda la documental para el seguimiento a las denuncias contra los funcionarios que emitieron este documento, faltando a la reglamentación de la Ley para la Protección del Medio Ambiente”.
Afirmó que la obra fue realizada sin ninguna autorización por parte de las autoridades competentes, no hay documentación alguna en la que se realice el proceso adecuado para la construcción ni en materia de Protección Civil ni de Medio Ambiente, a pesar de que el proyecto incluye la construcción de departamentos y un hotel.
“Contaba con opinión de improcedencia de evaluación en materia de impacto ambiental, pero no cumplía con los requisitos de validez, por eso se revocó. Los servidores públicos en funciones, al momento de emitir la opinión de improcedencia no atendieron a lo expresamente estipulado por la norma que establece la revisión de todas las obras o actividades que puedan causar desequilibrio ecológico por rebasar límites en disposiciones”.
Aunado a ello, encontraron irregularidades que llevaron a la clausura el pasado 19 de agosto, ante lo cual el propietario presentó una demanda de amparo ante juzgados federales; sin embargo, lo hizo ante un juez que es su tío, por lo cual estaba impedido para conocer el asunto, y aún así concedió el amparo.
“Se encontraba impedido para conocer el asunto en razón de la línea del parentesco que lo une al quejoso, de quien además adquirió el inmueble, excusándose no sin antes haber concedido la medida cautelar, a efecto de que se retiraran los sellos de clausura, favoreciendo el interés económico de un particular, por encima del interés público”.
Dijo que serán los tribunales federales los que determinarán lo conducente, pues recordó que además hay un juicio contencioso administrativo promovido por un particular colindante que se duele de la afectación a su patrimonio por la construcción del edificio de departamentos y hotel.
“Serán los tribunales los que determinarían lo que a derecho proceda (…) Quien determinó dar el amparo era el tío del interesado, por eso nos genera una desigualdad de condiciones al haber conflicto de intereses”.
