Tras ocho años de solicitar su visita al Estado mexicano, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por su sigla en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó su visita en el país, donde destacó que las desapariciones no son una herencia del pasado, sino que persisten y la impunidad es casi absoluta.
“Las desapariciones no son únicamente un fenómeno del pasado. Por el contrario, lamentamos constatar que aún persiste, no se han atendido las causas profundas de las desapariciones. El enfoque de seguridad que se ha adoptado no solo es insuficiente, sino además inadecuado. La impunidad es casi absoluta”, destacó la presidenta de la delegación, Carmen Rosa Villa Quintana.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien sostuvo una reunión con el CED, resaltó que México reconoce la prevalencia de desafíos en materia de desapariciones forzadas y cometidas por particulares. Destacó que la experiencia y buenas prácticas del Comité pueden contribuir a robustecer las capacidades institucionales para la prevención, investigación, búsqueda de personas desaparecidas, procesos de rendición de cuentas y reparación para las víctimas.
También aseguró que la cancillería ha reiterado su apertura al diálogo constructivo y a la cooperación con los órganos de tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos. En conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos de CdMx, Villa Quintana llamó a romper con el paradigma del “crimen perfecto” que representa este fenómeno, pues señaló que la búsqueda, investigación, establecimiento de responsabilidades, develamiento de la verdad y reparación integral no siempre son prioridad para las autoridades.
Para superar la impunidad, dijo que el Estado mexicano debe tener una estrategia integral para abordar sus múltiples causas, entre ellas la ineficacia en la investigación de estos crímenes; una comprensión desvirtuada de la autonomía de las fiscalías, como una suerte de discrecionalidad que les lleva a negar su cooperación en la búsqueda; el traslado de la responsabilidad de investigar y aportar pruebas en las víctimas y un sistema que aún conserva las inercias del pasado.
Además, indicó que varios factores dificultan el acceso a la justicia, como la limitada asistencia jurídica para las víctimas, los obstáculos geográficos, idiomáticos y de carácter discriminatorio, la frecuente inaplicación de los mecanismos previstos en el ordenamiento interno, tales como el amparo buscador, que por su propósito y naturaleza deben ser sencillos y accesibles.
“El reto es inmenso, lo reconocemos. Ningún proceso o mecanismo puede tener éxito si no cuenta con voluntad política, participación efectiva de las víctimas, así como con recursos financieros suficientes y personal debidamente capacitado, competente y comprometido”, explicó.
Las principales preocupaciones del CED son que las desapariciones siguen siendo generalizadas, ya que no se han atendido sus causas profundas debido a que prevalece la falta de coordinación de las fiscalías, aunado a esto, el modelo de seguridad es centralista y militarizado.
Fuente: Milenio
