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Tamaulipas aún prohíbe matrimonios LGBT+

Hace cinco años que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el Código Civil de Tamaulipas al no permitir los matrimonios igualitarios y hace nueve meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Legislatura estatal a reconocer estas uniones; sin embargo, la entidad lo continúa prohibiendo.

Debido a ello, miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ han tenido que recurrir a 47 amparos colectivos y de pareja desde 2015, para que les permita casarse, pues los diputados de las anteriores tres legislaturas eludieron la disposición del máximo órgano de justicia del país, así como llamado del ombudsman y no garantizaron esta certeza jurídica.

Estos amparos se han promovido a través de la asociación “México Igualitario” contra el Congreso y el gobernador. Tres de los recursos son colectivos y el resto por pareja, mismos que le dan protección a un total de 230 mujeres y hombres tamaulipecos.

Con la 65 Legislatura que entró en funciones el pasado 1 de octubre, renació la esperanza de la diversidad sexual en que los matrimonios igualitarios puedan por fin ser permitidos en la entidad, ya que la mayoría simple la tiene Morena pero además hay legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano que han ofrecido apoyar la adecuación a la ley.

El 22 de enero de este año la CNDH llamó al Congreso de Tamaulipas a contribuir a eliminar la discriminación sistemática ejercida contra este grupo de la población y hacer valer su derecho a formar una familia.

“Se les recuerda que el artículo Primero Constitucional, en su párrafo quinto prohíbe la discriminación motivada por cualquier característica inherente a las personas”, decía el escrito enviado al Legislativo.

La comisión le recordó a ese poder que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que no existe razón de índole constitucional para no reconocer la unión entre personas del mismo género.

De acuerdo con sus resultados, en Tamaulipas, un 60 por ciento de la población justifica “poco o nada” que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja. Este sondeo también indicó que 32.3 por ciento de la población en la entidad no le rentaría un cuarto de su vivienda a personas de ese grupo de la sociedad.

La SCJN considera que la prohibición de bodas entre personas del mismo sexo, diferente al matrimonio culturalmente aceptado entre “hombre y mujer”, viola el principio de igualdad, de no discriminación, así como el derecho al libre desarrollo personal.

Fuente: Milenio

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