Luego de siete meses de estar prófugo de la justicia, el fundador y presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, El Rey del Outsourcing, dio señales y manifestó su disposición de participar en la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía imputarlo por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 4 millones 335 mil 705 pesos.
Sin embargo, el empresario solicitó que su comparecencia se realizara por medio de una videoconferencia; como no lo consiguió, no se presentó porque sabía que iba a ser capturado e internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
La audiencia inicial para formular imputación estaba programada el pasado 27 de septiembre, a las seis de la tarde en la Sala 2, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez.
De acuerdo con registros judiciales, días antes de la fecha, el empresario pidió al juez de control que le permitiera participar en la audiencia en línea, ya que por su edad y padecimientos tiene temor de contagiarse, situación que podría minar más su salud.
Sin embargo, el 21 de septiembre, el juez de control rechazó la propuesta, lo anterior dentro la causa penal 49/2021.
Uno de los delitos por los que es buscado amerita prisión preventiva oficiosa, es decir, una vez presentado o detenido debe ser ingresado a la cárcel.
Beyruti Sánchez promovió un amparo con el propósito de revocar la decisión. No obstante, su petición fue desahogada muy tarde, motivo por el cual el juez de amparo le negó una suspensión provisional. Y es que al momento de resolver su petición ya habían transcurrido 24 horas de la audiencia donde había sido convocado.
Funcionarios del gobierno federal consultados aseguraron que los agentes del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) no pudieron imputar a Raúl Beyruti porque no se presentó.
De acuerdo con la orden de aprehensión girada por Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, Beyruti Sánchez probablemente recibió más de 4 millones de pesos de cuatro empresas factureras por concepto honorarios asimilados.
Fuente: Milenio
