Después de treinta años de injusticias laborales, amenazas de muerte, despojo de edificios, cuentas bancarias y suicidios, el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió anular la requisa portuaria que en 1991 ordenó el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari.
Mediante un acuerdo fechado el pasado 21 de septiembre, firmado por Fernando H. Serrano Monrroy –director de Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social– se ordena devolver el patrimonio del que fueron despojados los trabajadores de los sindicatos de maniobristas, estibadores y checadores del puerto de Veracruz durante la ejecución de la requisa.
El documento –cuya copia está en poder de SinEmbargo– está dirigido a Gilberto Tejada Delgado (secretario general del Sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos de la Zona Marítima del Comercio de la Ciudad y Puerto de Veracruz), Saúl Muñoz Álvarez (presidente de la Unión de Estibadores y Jornaleros de Veracruz), Eduardo Aguirre Fernández (presidente de la Unión de Checadores o Tarjadores y Similares), así como a José Alejandro Pulido Cueto (apoderado legal del sindicato de maniobristas).
Después de un largo litigio, en el que se analizaron las pruebas presentadas por los obreros portuarios, el Gobierno de la República determinó que se acreditó fehacientemente que durante la implementación de la requisa, en 1991, se presentaron ilegalidades: despojos, pérdida del empleo, violación a las leyes portuarias y obreras que ocasionaron daños y perjuicios irreparables en contra del gremio portuario de Veracruz.
El abogado Pulido Cueto acreditó, con pruebas fehacientes –sentencias, alegatos y cientos de documentos judiciales– que las nuevas concesiones por 50 años más otorgada a la APIVER –con la que se les entregaron contrato a las cuatro empresas que operan en el puerto– son ilegales y deben anularse para retomar la concesión por 100 años que el sindicato de maniobristas dispone desde 1973, cuando el entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez se las otorgó.
Así, la Secretaría del Trabajo, mediante un acuerdo interinstitucional, determina:
–Entrega legal y jurídica de los edificios sindicales.
–Devolución y entrega de cuentas bancarias del Sindicato de Maniobristas y la empresa Servicios Portuarios de Veracruz, que se encuentran en los bancos EVERCORE (una casa de bolsa), Citibanamex y HSBC.
–Actualización y entrega de Pensiones del IMSS a todos los socios afectados por la requisa.
–Indeminización del usufructo de la concesión en los muelles y robo de maquinaria por parte (de las empresas) ICAVE, CICE, CTV y OPG.
–Permiso para trabajar en Zona I y Zona II en muelles propiedad federal sustituyendo a la empresa Servicios Portuarios de Veracruz por una nueva razón social, apegándonos a los lineamientos y normatividad que rigen la operación en los puertos de México y el resto del mundo.
Y el acuerdo añade: “Sobre el particular esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social toma nota de sus manifestaciones y se genera de manera interna la carpeta correspondiente, adjuntando la documentación de referencia.
“En los documentos que dirigieron a esta Dependencia Federal señalan en forma reiterada los temas o peticiones concretas que, a su consideración, corresponden a la competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Coordinación de Puertos (Coordinación General de Puertos y Marina Mercante) y esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social”.
En otro apartado, el acuerdo se refiere al papel preponderante que jugó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 1991, cuando Carlos Salinas ordenó la requisa portuaria. En opinión del abogado Alejandro Pulido Cueto, apoderado legal del sindicato de maniobristas, la orden de requisar el puerto de Veracruz surgió de la Presidencia de la República y el instrumento de ejecución fue la dependencia que, entonces, era encabezada por Andrés Caso Lombardo, suegro de Roberto Ríos Ferrer, el ejecutor de la requisa.
Fuente: Sin Embargo
