México no tendrá sólo un aeropuerto militar con el de Santa Lucía en el Estado de México.
El gobierno federal ya comenzó el proceso para construir uno de la misma naturaleza en Tulum, Quintana Roo, específicamente en la localidad de Coba, para aumentar la capacidad de realizar operaciones de adiestramiento táctico operativo y cubrir la demanda de quienes viajan a la Riviera Maya y tienen que trasladarse vía terrestre desde Cancún.
Uno de los argumentos para esta nueva terminal aérea, también militar, es el valor social del tiempo de traslado y el ahorro en los costos de transporte para quienes viajan a la Riviera Maya y también contempla una ciudad militar.
En el impacto social se definirá el área de influencia de las localidades, el uso de suelo, vegetación, tenencia de la tierra, trabajo de campo, comunidades indígenas y no indígenas para que puedan establecer negociaciones y acciones de mitigación o solución de las afectaciones.
Como sucede con el Aeropuerto de Santa Lucía, el proyecto de este aeropuerto considerado “mixto civil-militar, con categoría internacional” está adscrito al Ramo 7 de la Defensa Nacional y los estudios de preinversión a cargo de la Dirección General de Ingenieros, a diferencia de lo que ocurre con los proyectos de ampliación de las pistas de las terminales aéreas de Chetumal, también en Quintana Roo, y Tamuín en la huasteca potosina, que están a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La planificación incluye el diseño arquitectónico del edificio terminal de pasajeros, salas de abordaje, torre de control, estacionamiento y vialidades, así como la planeación urbana de la ciudad militar, asistencia de diseño de edificios principales de soporte y de servicio del aeropuerto civil, lo que se prevé desarrollar en un año.
En ese mismo plazo deberá implementarse el Modelado de Información de la Construcción del proyecto y la interconexión con otros aeropuertos o bases militares.
Al contemplar la factibilidad ecológica, se considera el trasplante y derribo de árboles afectados por la obra, la reubicación de la vegetación arbórea y las áreas sin vegetación como las vialidades y sitios con cobertura menor a 10 por ciento, debiendo ubicarlas y determinar los sitios afectados, considerando si son especies nativas o exóticas, es decir, introducidas y elaborar un plan de reforestación.
Asimismo, se registrarán las especies de avifauna, determinando su diversidad, las aves afectadas por la estructura del paisaje y los factores físicos, así como identificar las poblaciones de aves silvestres para la conservación de especies migratorias y endémicas.
Los estudios de prospección arqueológica y rescate, en su caso, buscarán asegurar que la futura infraestructura no afecte el patrimonio cultural de la nación, al proteger los hallazgos arqueológicos y paleontológicos “que hay o se presume que haya en la zona y llegara a correr el riesgo de ser impactado tanto en el aeropuerto como en el área de influencia del mismo”.
Esto al cumplir con el artículo 18 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que señala que obliga a las autoridades “cuando realicen obras, estarán obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de antropólogos titulados, que asesores y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y asimismo entreguen las piezas y estudios correspondientes a este Instituto”.
En los estudios de factibilidad que ya se realizaron, se busca demostrar su funcionalidad en concordancia con los aeropuertos de la zona, la aeronavegabilidad y de operaciones simultáneas, garantizar la resistencia de los terrenos a la penetración y a los esfuerzos sostenidos, las características hidrográficas y el cálculo de los escurrimientos pluviales para conocer las zonas de riesgo de inundación ante tormentas, para diseñar las obras de drenaje.
Además, para demostrar la factibilidad técnica de un nuevo aeropuerto en la zona, se realizará un estudio geofísico, de manera que puedan elaborarse pozos profundos para extracción de agua potable.
Dentro de la factibilidad técnica, se establece la necesaria elaboración del análisis del costo-beneficio en un plazo de tres años, para abastecer de manera segura el combustible y así garantizar su operación mediante infraestructura de abastecimiento de depósitos y suministro al lugar de recarga de las aeronaves, almacenaje y sistemas contra incendios, derrames y fugas en tuberías.
Esto, con el fin de generar un documento que contribuya a la solución de escasez de bases que permitan aumentar la capacidad de realizar operaciones de adiestramiento táctico operativo mediante la “Construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum”.
Además de dotar de nueva infraestructura a este importante destino turístico internacional y cubrir la demanda generando un ahorro significativo en costos de traslado a las personas que actualmente se desplazan dentro de la Riviera Maya a través de medios terrestres para llegar a su destino final en Tulum.
Por medio del proyecto se generarán ahorros por conceptos de valor social del tiempo de traslado y costos de transporte para las personas que tiene como destino final el área de influencia del proyecto y que actualmente incurren en gastos adicionales para llegar a Tulum.
Fuente: Milenio
