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El boomerang… La SCJN y la consulta popular

La consulta popular del próximo primero de agosto representa una ofensa a la SCJN, pues no se está respetando su veredicto y se están manipulando las expectativas ciudadanas de justicia, a partir de la declaración de constitucionalidad de este sondeo de opinión.

La SCJN calificó como constitucional, no la consulta para realizar un juicio sumario a los expresidentes, sino que avaló como procedente constitucionalmente una consulta ciudadana para evaluar a los “actores políticos del pasado”, sin personalizar quienes son los sujetos de este ejercicio democrático.

Sin embargo, el diputado Mier y Velazco, líder de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados, saltándose esta restricción jurídica impuesta por la SCJN engaña a la ciudadanía haciéndole creer que se juzgará como delincuentes a los expresidentes. A su vez, el mismo presidente de la república, cuando se refiere a la consulta, no lo hace refiriéndose a la pregunta que está redactada en la boleta que pondrá el INE a la disposición de todos los mexicanos, sino que lo hace regresando a la pregunta inicial que la SCJN desechó. La confusión que genera la promoción de la consulta seguramente será aprovechada a partir del lunes dos de agosto para generar polémica, sea cual fuere el resultado.

Este es un engaño a la ciudadanía que ingenuamente cree que votará en contra de los expresidentes, pero se encontrará en las urnas frente a la cruda realidad, con una boleta que plantea una pregunta que no corresponde a la redacción con la que la 4T promueve la participación en esta consulta. Por tanto, la 4T pretende imponer a su capricho una acción jurídica que no procede.

Es grave que la SCJN no rectifique públicamente el sentido faccioso y manipulador con que desde el Poder Ejecutivo se promueve la consulta.

De no manifestarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rectificando públicamente a quienes están manipulando las expectativas referentes a la consulta, entonces habrá sido exhibida como una institución débil y sometida al Poder Ejecutivo. Esto significará un antes y un después respecto a la división de poderes en el Estado Mexicano y la autonomía del Poder Judicial frente a un Poder Ejecutivo avasallante y acosador.

Además, representa esta consulta la mayor afrenta al “estado de derecho”, pues el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están comprometidos a perseguir, sancionar y castigar actos constitutivos de delito sin poder esquivar este mandato constitucional. La aplicación de la ley no está sujeta a consulta pública ni a interpretaciones subjetivas de ningún funcionario.

Por tanto, el Poder Ejecutivo, si estuviese identificando actos delictivos específicos y jurídicamente configurados en la actuación de cada uno de los expresidentes, está obligado a denunciarlos ante las autoridades judiciales para que estas, a partir de sus atribuciones y responsabilidades constitucionales abran una carpeta de investigación y el Poder Judicial desahogue pruebas y emita un veredicto de culpabilidad o de inocencia para cada uno de ellos, respecto al delito específico del que se le acusa.

En esta consulta la presunción de inocencia que debe acatarse al inicio de cada proceso penal, mientras no se acumulen pruebas acusatorias, ha sido ignorada. Llegan a un juicio sumario que es el significado de esta consulta, con un veredicto de culpabilidad previamente calificado.

En contraste vemos un show mediático que pretende exacerbar los ánimos populares con fines ideológicos, juzgando simbólicamente al neoliberalismo como causante de todos los males de México y a la 4T como la redentora del país y esta consulta representa la oportunidad de inducir este mensaje.

Las implicaciones que esta consulta popular tiene para el “estado de derecho” son contundentes. Empezando por la percepción pública de sometimiento de la SCJN a quien gobierna al país, pues pasivamente permite que sea manoseado su veredicto con total impunidad.

Esta pareciera ser una provocación directa y deliberada para exhibir a los ojos de todo México quién ejerce el poder.

A partir de este asalto al estado de derecho, ¿qué sigue?

¿A usted qué le parece?

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