Jesús Utrilla / NV Noticias
La creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil vulnera los derechos humanos y la presunción de la inocencia, consideró la Senadora Indira Rosales San Román.
Y es que se busca tener nombre, dirección, CURP y datos biométricos, tales como la huella digital, el iris y el reconocimiento facial.
Además es insostenible económicamente ya que son más de 80 millones de usuarios de telefonía móvil en el país.
Se trata de la Reforma a la Ley Federal de Comunicaciones para crear un padrón.
Recordó que en 2009, se trató de crear un esquema similar que se llamaba RENAUT y en lugar de generar seguridad y orden, incrementó hasta en 40 por ciento las llamadas de extorsión.
El padrón y la base de datos fue vendida en el mercado negro y también aumentaron los
secuestros en México.
“¿Que es lo que si se podría aumentar?, el robo a teléfonos celulares, y por supuesto muy peligroso, que si te roban el celular, finalmente tú serías el principal sospechoso de este delito de extorsión y por eso se daña también el principio de presunción de inocencia, porque básicamente tú tienes que probar que te robaron tu celular y que tú no eres el que realizó este tipo de evento. Se presta también al delito de lo que es la clonación del propio chip, incluso hasta robo de identidades, es un tema absolutamente delicado”.
Solo 17 países en el mundo cuentan los datos biométricos de sus ciudadanos, entre los que destacan, China, Venezuela y Afganistán y en ninguno de ellos se ha registrado una baja en los delitos de extorsión y secuestro.
Además ningún delincuente va a ocupar un chip o número que se encuentre registrado a su nombre.
“Está información sensible de los mexicanos podría estar en riesgo. El argumento que se presenta para elaborar el padrón es disminuir la extorsión y el secuestro vía telefónica, sin embargo, son pocos los países que tienen estos registro y en ninguno hay baja de delitos”.
El impacto presupuestal para crear este padrón sería elevado, pues tan solo en el primer año, se podrían gastar más de 100 millones de pesos, además del costo que pagaría cada compañía para realizar dicha base de datos, que podría generar un aumento en los costos de servicio que pagan los ciudadanos.
“Otro riesgo es que la información ya la tiene el INE entonces pareciera que se busca utilizar los datos para otros fines”.
