El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado más efectivos militares, como parte de su estrategia de seguridad pública, que las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, advirtió Amnistía Internacional (AI) en su informe 2020/2021.
En el documento, titulado La situación de los derechos en el mundo, expresa su preocupación por las desapariciones forzadas, la violencia contra las mujeres, el trato a migrantes y los ataques en contra de representantes de los medios de comunicación.
En el apartado sobre el país, AI advirtió que el Presidente “estigmatizó en diversas ocasiones a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, y minimizaba (…) la violencia a las mujeres”.
La organización señaló que las reacciones del gobierno de López Obrador ante la pandemia fueron recortes del gasto público, que implicaron disolver fideicomisos, “entre ellos, los establecidos para apoyar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos”, precisó.
Sobre las fuerzas de seguridad, AI expresó su inquIetud porque siguieron realizando detenciones arbitrarias y recurriendo a un “uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos”. Destacó que “el gobierno desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores”.
Recordó que el Mandatario federal emitió en mayo pasado un decreto que permite mantener el despliegue de los militares para operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024, a pesar de que dicho documento “carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las Fuerzas Armadas fuera conforme con las normas internacionales”. Asimismo, señaló, el Jefe del Ejecutivo federal puso el control de puertos y aduanas en manos de la Armada de México.
Entre las ejecuciones extrajudiciales, mencionó el caso de Giovanni López, en mayo de 2020, en Jalisco, tras haber sido detenido por la policía municipal por no llevar cubrebocas, algo que las autoridades estatales negaron, así como el caso de Jéssica Silva, quien murió por accidente a manos de la Guardia Nacional en Chihuahua.
Fuente: El Universal
