El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados salió en defensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador y presentó una iniciativa para evitar que los juicios de amparo se utilicen para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servicios públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado, es decir, de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A través de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, Morena busca adicionar dos fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución para evitar que se otorgue la suspensión contra el régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del Estado.
La modificación busca cambiar el artículo 129 de la Ley de Amparo vigente para considerar que habría perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión: “contra disposiciones o resoluciones en materia del régimen de austeridad republicana y remuneraciones de los servidores públicos” y “en contra de leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de Empresas Productivas del Estado”.
En su exposición de motivos, la diputada explica que la Cuarta Transformación tiene por objetivo acabar con la corrupción, la “burocracia dorada” y el criminal saqueo en las empresas propiedad del Estado, históricamente los altos salarios, los negocios al amparo del poder y el desmantelamiento de la CFE y Pemex fueron una práctica recurrente por gobiernos anteriores.
Agrega que actualmente hay un nuevo régimen jurídico promovido por la Cuarta Transformación que tiene como principio acabar con la corrupción y la burocracia de los salarios estratosféricos, por ello, se impulsaron las nuevas leyes federales en materia de remuneraciones de los servidores públicos y de austeridad republicana, sin embargo los fines y principios que persiguen estas leyes, están siendo obstaculizados judicialmente a través de la presentación de juicios de amparo y controversias constitucionales, donde se solicita sea suspendida la aplicación de las normas que prohíben que un servidor público gane más que el presidente.
Fuente. El Universal
