Un Tribunal Federal ratificó el auto de formal prisión dictado contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex dueño de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar declaró infundados los argumentos que hizo valer el indiciado, quien aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo información bancaria en su contra sin orden judicial.
De acuerdo con la FGR, desde febrero de 2011 a agosto de 2014, Olvera Amezcua y otras personas autorizaron expedientes de crédito incompletos, con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, en contra de lo previsto en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Asimismo, se detectó un esquema de triangulación de recursos entre dos empresas, dinero que después fue transferido al extranjero, recursos que pertenecían a ahorradores, y que se presume ascendieron a 3 mil 844 millones 827 mil 621 pesos.
Rodríguez Escobar consideró que las presuntas pruebas demuestran que Olvera Amezcua tenía el 98.64 por ciento de las acciones de la Sofipo, por lo que “es dable afirmar que el procesado tenía conocimiento del origen de las transferencias, pues las mismas derivaron de simulaciones de contratos de crédito…y, por ende, es posible inferir que no le era ajeno lo que sucedía en la Sociedad Financiera Popular”.
La FGR señaló, por ejemplo, que de julio a octubre de 2014, el ex dueño de la Sofipo, por interpósita persona transfirió recursos de procedencia ilícita del territorio nacional al extranjero por la cantidad de un millón 790 mil euros, los cuales en dicha época equivalían a 31 millones 105 mil pesos.
Mientras que, de junio de 2013 a noviembre de 2014, transfirió recursos de procedencia ilícita por un monto de 11 millones 930 mil euros, equivalentes a 210 millones 420 mil pesos.
El pasado 2 de marzo, el gobierno de Estados Unidos deportó a México a Olvera Amezcua, después de más de seis años de evadir a la justicia, situación que permitió a la FGR cumplimentar diversas órdenes de aprehensión.
Olvera Amezcua es señalado por supuestamente defraudar a más de seis mil personas, la mayor parte adultos mayores. Se presume que desvió más de 7 mil 500 millones del dinero de los ahorradores.
De igual manera, probablemente defraudó a empresas que aportaron recursos a Ficrea y una vez hecha la captación de recursos, realizó la triangulación de estos con sociedades anónimas, lo que provocó la quiebra de la Sofipo y el daño patrimonial consecuente a sus ahorradores.
Las investigaciones están en manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), motivo por el cual enfrenta diversos procesos penales.
Fuente: Milenio
