Tras los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron filtrados por el grupo de hackers denominado “Guacamaya”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) se pronunció respecto a los señalamientos del Ejército que lo catalogan como “un grupo de presión”.
A través de su cuenta de Twitter, la asociación civil rechazó dicha clasificación y la atribuyó al intento de “militarización” que sigue en curso en el país, por lo que externó su inquietud ante el seguimiento del que han sido objeto.
“Expresamos nuestra preocupación porque la labor legítima de defensa civil de derechos humanos, así como las acciones de otros movimientos sociales, sean objeto de seguimiento por parte del Ejército”
Ante ello, hicieron énfasis en que su tarea como organismo civil es “legítima y relevante” para la democracia de México, por lo que calificó como “lamentable” el que sea catalogado de tal manera.
En un breve comunicado, el Centro Prodh detalló que lo anterior cobra relevancia ante la incapacidad de las Fuerzas Armadas para brindar seguridad a la sociedad y atender los movimientos sociales, por lo que indicó que estos señalamientos son parte de la militarización del país.
“Es otra razón más de preocupación frente a la profundización de la militarización en curso”, señaló mediante redes sociales. Cabe recordar que esta asociación ha rechazado en múltiples ocasiones lapresencia del Ejército en labores de seguridad pública y ha brindado asesoría jurídica a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Y es que entre los documentos filtrados por “Guacamaya”, el medio LatinUS dio a conocer que la Sedena también tiene bajo vigilancia a los colectivos feministas que defienden los derechos de las mujeres, los cuales son ubicados a la par de los grupos anarquistas y de presión.
En total son 15 colectivos feministas que han sido identificados en la Ciudad de México, como Coordinadora 8M, Las Brujas del Mar, Marea Negra, Bloque Negro y Colectiva Aquelarre Feminista. El seguimiento se da con el fin de reconocer a las responsables de supuestos actos vandálicos durante las marchas que se llevan a cabo desde 2019.
Fuente: Infobae
