El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, dijo que el informe sobre los avances del caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa tiene contenido político.
“También hay un contenido político, pues, esclarecer un crimen y más un crimen de Estado, además de que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y con voluntad política para ir al fondo de los hechos”.
En La Mañanera desde Palacio Nacional, Alejandro Encinas detalló la segunda parte del informe sobre los normalistas de Iguala, donde reconoció que hubo intervención de las autoridades de distintos órdenes de gobierno en el encubrimiento de los hechos.
“Lo que queremos nosotros, queremos aclarar que este informe es el resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico asesor y de un grupo interdisciplinario, integrado por personas de diversas instituciones públicas como convencida de que la ciencia y la tecnología deben de estar al servicio de la verdad”.
El subsecretario de Derechos Humanos dijo que como las autoridades estuvieron al tanto de las movilizaciones de los estudiantes, su llegada a Iguala y de los hechos de prosecución y violencia, “evidentemente acredita no solamente responsabilidades por acción u omisión o negligencia, sino el involucramiento de las autoridades de agentes de Estado en la desaparición de los normalistas”.
“Nosotros hemos definido esta actuación como un crimen de Estado porque no solamente se trata de la desaparición, la pérdida de vida de los estudiantes en donde se conjuga fundamentalmente cuatro delitos graves y violaciones a los derechos humanos en materia de desaparición forzada como es la privación de la libertad el homicidio la participación la involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan en apoyo y con consentimiento del Estado y particularmente lo que es la negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales que propició la impunidad de los perpetradores y de los encubridores de estos hechos”.
Fuente: Milenio
