En México impera la impunidad, la deficiente investigación, rezago en los casos, falta de preparación profesional y una descoordinación entre autoridades para combatir las desapariciones forzadas, concluye un informe preliminar de la ONU y la Secretaría de Gobernación.
Al concluir la visita a México del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU –efectuada del 15 al 26 de noviembre a 13 entidades del país: Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz– señalan que, en materia de justicia, “continúa la impunidad en la procuración e impartición de justicia frente al delito de desaparición”.
Presentado por el subsecretario Alejandro Encinas, el documento agrega también que “la desaparición prevalece como una práctica predominantemente asociada a la delincuencia organizada”, y que “el modelo de investigación para la procuración de justicia debe ser replanteado”.
Entre las razones, indican que “los Ministerios Públicos tienen cargas excesivas de trabajo, se debe profesionalizar la investigación y se necesita de un análisis de contexto e investigación de macrocasos”.
Subraya que hay una “falta de coordinación entre fiscalías, autoridades y familiares de las víctimas; las fiscalías no asumen su responsabilidad en la búsqueda y procuración de justicia por una errónea concepción de su autonomía, y hay limitaciones de las víctimas para acceder a la justicia”.
Los integrantes del comité participaron en 79 reuniones con 80 autoridades de los tres poderes de la Unión, órganos autónomos, y con familiares y colectivos de las víctimas, entre ellos la jefa de Gobierno, nueve gobernadores y con 33 colectivos de víctimas de 31 entidades.
De parte del Ejecutivo federal, con las secretarías de Seguridad, de la Defensa Nacional, de Marina, Relaciones Exteriores, con la Guardia Nacional, con el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, las comisiones de Ayotzinapa y de la Guerra Sucia.
De parte de los órganos autónomos, participaron la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INE y el Inai.
Fuente: El Financiero
