Gabriela Rasgado | NV Noticias
La auditora general Delia González Cobos afirmó que es “una pena” que la Ley de Asociaciones Público-Privadas se haya hecho para beneficiar a las empresas y permitir un costo elevadísimo en el caso de las ciudades judiciales.
“Carisísimos, porque se hicieron las ciudades, se concluyen, el gobierno empieza a pagar una vez que están entregadas. Resulta extremadamente caros. Este año empieza a pagarse, lo vamos a revisar el próximo año”, dijo.
Insistió que las ciudades judiciales, iniciadas en la administración pasada, tanto estatal como del propio Poder Judicial, representan un elevado costo para el estado.
Sostuvo que si bien los contratos para esa obra ya están hechos y las empresas que realizaron los trabajos, en apariencia cumplieron con ellos, es necesario modificar la ley para que sean eventualmente modificados, pues “el Poder Judicial es un tema que va a dar mucho todavía”, adelantó.
La auditora general insistió que la situación por la que atraviesa el Poder Judicial es grave.
Cabe recordar que las 21 ciudades judiciales, construidas por un consorcio integrado por siete empresas, triplicaron el costo original que se había proyectado.
Incluso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está endeudado hasta el 2047 por una serie de 18 créditos que fueron solicitados para llevar a cabo el proyecto.
Dicho endeudamiento se reveló en medio de una quiebra financiera que enfrenta el poder liderado por Isabel Inés Romero Cruz, quiebra que obligó al Poder a establecer mecanismos de ahorro y cierre de juzgados para hacer frente a las obligaciones pendientes por el resto del año.
Recientemente, el Congreso del Estado autorizó una ampliación presupuestal de 200 millones de pesos, aunque existe aun un boquete mayor a 316 millones.
