La Fiscalía General de la República (FGR) integra una carpeta de investigación contra el ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien encabezó las pesquisas contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
De acuerdo con registros judiciales, el ex funcionario que dejó el cargo en junio de 2019, tiene la calidad de imputado en dicha carpeta.
La indagatoria está en manos de los agentes del Ministerio Público Federal, María Genoveva Calderón Monterrosas y Juan Manuel Valencia Paredez, de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.
Muñoz Vázquez promovió un amparo porque la fiscalía no quiso admitir una prueba pericial en materia de contabilidad que ofreció. Sin embargo, el juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México desechó la demanda por improcedente.
El ex subprocurador presentó un recurso de queja, pero el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal lo declaró infundado.
Los magistrados explicaron que la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos al no admitir la prueba pericial no provocó una afectación al quejoso en su derecho de defensa, porque en la etapa de investigación del sistema acusatorio, el representante social sólo recaba datos de prueba a fin de, en su caso y eventualmente, judicializar la carpeta de investigación, a diferencia de la averiguación previa en la que se recababan y desahogaban pruebas e incluso el indiciado tenía la oportunidad de ejercer actos de defensa.
Puntualizaron que en el sistema acusatorio dicha prerrogativa se garantiza una vez que el imputado es llamado a la audiencia inicial. Felipe de Jesús pretendía que la Fiscalía desahogara diversos actos de investigación dentro de la carpeta.
En noviembre de 2018, el entonces subprocurador criticó que jueces federales estaban utilizando “criterios a modo” que ponían en riesgo las indagatorias contra personas relacionadas con Javier Duarte.
Incluso aseveró que la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a investigar a jueces y magistrados federales por presuntamente ser responsables de delitos de corrupción y temas de delincuencia organizada.
Fuente: Milenio
